Es así como, agrega el documento, “la Santa Sede establece en su misiva la verosimilitud de dicha denuncia, por lo que solicita ampliar la investigación a otras parroquias donde haya ejercido su cargo ministerial dicho sacerdote”. Además, subraya que a ese pronunciamiento se adjunta una nueva medida cautelar correspondiente a “la prohibición de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal, hasta la sentencia definitiva”. Tanto el denunciante como el sacerdote han sido debidamente notificados de esta resolución.
Al finalizar, la declaración concluye que “para el buen resultado de esta investigación, se solicita la colaboración de toda persona que pueda aportar antecedentes pertinentes o relevantes en esta causa”.