La Compañía de Jesús informó que recibió el decreto de dimisión del estado clerical y de los votos religiosos, conforme a la solicitud presentada por el sacerdote Eugenio Valenzuela Lang a comienzos de 2019.
La notificación remitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, fue informada por el superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, al provincial de la orden en Chile, Gabriel Roblero, por medio de una carta en la que reconoce la existencia de situaciones abusivas contra mayores de edad por parte del religioso en cuestión. “Estas situaciones se refieren principalmente a abusos de conciencia y de poder, desarrollando dependencias excesivas que coartaban la libertad de las personas acompañadas o de los jesuitas en formación que estuvieron a su cargo, como también a transgresiones en el plano sexual, tales como besos y abrazos en contextos de su servicio pastoral”, indicó la Compañía de Jesús.
Las investigaciones realizadas el año 2013 por el jesuita argentino Alfonso Gómez y el 2014 por el sacerdote de la Congregación de la Santa Cruz, Fermín Donoso, si bien no acreditaron la existencia de delitos canónicos, establecieron sanciones para Valenzuela relacionadas con los ministerios de acompañamiento espiritual y de retiros, además de la suspensión perpetua de responsabilidades en la formación de los jesuitas. En 2018 se recibieron nuevas denuncias, las que fueron indagadas por el abogado Waldo Bown (el mismo del caso Renato Poblete) y declaradas verosímiles. En un caso se trató de transgresiones abusivas relativas al contexto del acompañamiento espiritual y en el otro, un posible delito canónico de solicitación (transgresiones sexuales en el contexto de la confesión). Después de recibir el resultado de estas investigaciones y el parecer de sus consejeros, el superior general pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe la apertura de un proceso penal canónico (administrativo o judicial) contra Eugenio Valenzuela.
“Resulta importante señalar que la dispensa a Eugenio Valenzuela recién concedida por el Santo Padre implica la cesación de esta causa canónica por el posible delito canónico de solicitación”, explicó la congregación.
Añadió que “como Compañía de Jesús reconocemos que los testimonios de las víctimas y de otras personas nos han permitido abrir los ojos a estas situaciones abusivas. Nos hemos puesto en contacto con los denunciantes y víctimas para iniciar caminos de reparación que ayuden en el proceso de sanación que este caso demanda”, añadió.
La orden subrayó que tal como lo solicita el padre general, la Compañía de Jesús en Chile, a través del Centro de Prevención de Abusos Sexuales y Reparación, “estudiará los caminos que permitan, al conjunto de la Provincia y a nuestros colaboradores, llevar adelante un esfuerzo de memoria y aprendizaje, a partir de la crisis de la iglesia y de la dura situación que nos ha correspondido enfrentar durante la última década”. Finalmente, sostuvo que “estamos comprometidos en crear y mantener ambientes seguros en nuestros lugares de trabajo y en nuestros espacios de formación y evangelización”, concluyó.
La notificación remitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, fue informada por el superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, al provincial de la orden en Chile, Gabriel Roblero, por medio de una carta en la que reconoce la existencia de situaciones abusivas contra mayores de edad por parte del religioso en cuestión. “Estas situaciones se refieren principalmente a abusos de conciencia y de poder, desarrollando dependencias excesivas que coartaban la libertad de las personas acompañadas o de los jesuitas en formación que estuvieron a su cargo, como también a transgresiones en el plano sexual, tales como besos y abrazos en contextos de su servicio pastoral”, indicó la Compañía de Jesús.
Las investigaciones realizadas el año 2013 por el jesuita argentino Alfonso Gómez y el 2014 por el sacerdote de la Congregación de la Santa Cruz, Fermín Donoso, si bien no acreditaron la existencia de delitos canónicos, establecieron sanciones para Valenzuela relacionadas con los ministerios de acompañamiento espiritual y de retiros, además de la suspensión perpetua de responsabilidades en la formación de los jesuitas. En 2018 se recibieron nuevas denuncias, las que fueron indagadas por el abogado Waldo Bown (el mismo del caso Renato Poblete) y declaradas verosímiles. En un caso se trató de transgresiones abusivas relativas al contexto del acompañamiento espiritual y en el otro, un posible delito canónico de solicitación (transgresiones sexuales en el contexto de la confesión). Después de recibir el resultado de estas investigaciones y el parecer de sus consejeros, el superior general pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe la apertura de un proceso penal canónico (administrativo o judicial) contra Eugenio Valenzuela.
“Resulta importante señalar que la dispensa a Eugenio Valenzuela recién concedida por el Santo Padre implica la cesación de esta causa canónica por el posible delito canónico de solicitación”, explicó la congregación.
Añadió que “como Compañía de Jesús reconocemos que los testimonios de las víctimas y de otras personas nos han permitido abrir los ojos a estas situaciones abusivas. Nos hemos puesto en contacto con los denunciantes y víctimas para iniciar caminos de reparación que ayuden en el proceso de sanación que este caso demanda”, añadió.
La orden subrayó que tal como lo solicita el padre general, la Compañía de Jesús en Chile, a través del Centro de Prevención de Abusos Sexuales y Reparación, “estudiará los caminos que permitan, al conjunto de la Provincia y a nuestros colaboradores, llevar adelante un esfuerzo de memoria y aprendizaje, a partir de la crisis de la iglesia y de la dura situación que nos ha correspondido enfrentar durante la última década”. Finalmente, sostuvo que “estamos comprometidos en crear y mantener ambientes seguros en nuestros lugares de trabajo y en nuestros espacios de formación y evangelización”, concluyó.
