Asegurando que “esto no tiene que ver con una discusión ideológica” y que “no hay espacio para salvataje”, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas que la Asociación de Isapres hizo al proyecto de ley corta que busca resolver el controversial fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre del 2022.

Vallejo sostuvo desde La Moneda que “un perdonazo al final del día va afectar a los mismos usuarios de las isapres. Porque un ‘perdonazo’ significaría que no se les devuelva aquellos cobros abusivos e inapropiados que la misma Corte Suprema detectó que se estaban haciendo”.

“Entonces, lo que estamos haciendo es dando un plazo de seis meses para que las mismas isapres, de acuerdo a su situación, a sus realidades, porque tienen distintos planes, puedan presentar un plan de pago y de devolución a quienes se vieron perjudicados por estos cobros abusivos. Y al mismo tiempo, que fortalecemos y modernizamos las condiciones de Fonasa que ya están recibiendo a muchos cotizantes producto del traspaso de usuarios”, agregó.

Según recalcó, “esto no tiene que ver con una discusión ideológica. Tiene que ver con una discusión pragmática de atender a la necesidad del usuario de que se le devuelva cobros abusivos a través de fórmulas que las mismas isapres tienen que proponer de acuerdo a los marcos que establece la Corte Suprema”.

“Y en segundo lugar, que el sistema no colapse, preparando las condiciones de Fonasa y también garantizando las prestaciones en las clínicas privadas, que hoy día reciben principalmente a los usuarios de isapres”, añadió.

La secretaria de Estado advirtió que “no hay espacio para salvatajes, esto no lo pueden asumir quienes hoy día pagan impuestos. Un salvataje significaría recurrir con los recursos del Estado que se producen a través de la recaudación por impuestos. Es decir, lo que pagan todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para salvar una situación que es responsabilidad de las isapres”.

“Recordemos que esta crisis no la generó este Gobierno. No la genera la Corte Suprema. Tiene que ver con un modelo de negocio que se detectó y se judicializó por cobros que eran inapropiados”, fustigó.

Detalló que “lo que estamos tratando de hacer en el fondo, porque es una situación compleja y ha requerido mucha conversación, muchas semanas de trabajo, para poder permitirnos en un plazo razonable presentar planes de acuerdo a su realidad”.

“Si no, lo que vamos a estar diciendo o es salvataje, o un perdonazo, diciéndole a los usuarios de las isapres que no les van a pagar nada”, manifestó.

Sobre la frase de “indolencia” a los internos, Vallejo comentó que fue emitida por “los mismos que dijeron en algún momento que no podían hacerse cargo de los enfermos”.

“Aquí no podemos jugar con los usuarios. Tenemos que atender a que se les debe devolver, de alguna u otra forma, los cobros abusivos, y al mismo tiempo, garantizar de la mejor forma posible sus prestaciones, sea porque deciden irse a Fonasa, y por lo tanto, hay que fortalecer Fonasa, o porque quieren mantenerse con sus médicos y atenciones en las prestaciones privadas”, consignó.

La vocera de La Moneda destacó que “requerimos una atención responsable y con plazos. Porque de lo contrario, lo que podría hacer el Gobierno es aplicar a rajatabla el fallo inmediatamente, y eso sí que es perjudicar el sistema, generar una situación de colapso, y no estamos haciendo eso”.

Respecto a las alternativas que tendrán los usuarios, la ministra explicó que el proyecto propone “o migrar a otras isapres o migrar a un Fonasa fortalecido con estas modalidades complementarias. Porque eso, lo que le permite a los usuarios es mantener -si así lo quieren- sus prestaciones en las clínicas privadas con los médicos del sistema privado que tenían con anterioridad, o también atenderse en el sistema público, pero con el respaldo de Fonasa, dándole estas garantías”.

En términos generales, la propuesta del Gobierno aumenta las facultades de la superintendencia, fortalece Fonasa y entrega seis meses a las isapres para que informen el número de contratos afectados por la adecuación de precio, el monto total de la deuda, y entreguen una propuesta de plan de pago. Este último deberá ser visado por un Consejo Asesor, el cual se creará mediante la nueva legislación.

Las aseguradoras no podrán distribuir sus utilidades hasta que no hayan pagado la totalidad de las devoluciones, los que no formarán parte de la garantía legal ni de los indicadores de liquidez y patrimonio.