Como una gran noticia para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país calificó el ministro de Economía, José Ramón Valente, la aprobación y despacho del proyecto de ley de pago a 30 días por parte de la comisión mixta.
El siguiente y paso final es que la iniciativa sea ratificada por las salas de la Cámara de Diputados y del Senado para convertirse en ley.
“Finalmente estamos dejando atrás 15 años de discusión, y de sacrificio de nuestras pymes. Con el avance del proyecto estamos muy cerca de poder reivindicar el rol que las pequeñas y medianas empresas tienen en nuestro país, al otorgarles un plazo definitivo de pago, que hoy no existe”, dijo el ministro Valente.
En la misma línea, la autoridad enfatizó que la importancia de este proyecto radica en que hay más de un millón de pymes y, por lo tanto, una de cada cuatro familias está vinculada a una pequeña empresa.
“Darle una solución al plazo de pago es entregarle certeza de pago a uno de cada 4 chilenos cuya fuente de ingresos depende de esta actividad. No en vano estamos orgullosos de las pymes, que son uno de los motores que ponen a Chile en Marcha”, aseguró el secretario de Estado.
Los acuerdos alcanzados en la instancia parlamentaria contemplan la implementación progresiva desde 60 días de plazo máximo de pago a 30 días, al cumplirse dos años de publicada la ley, la aplicación de comisiones moratorias por el atraso en la cancelación de la factura y la estipulación de casos excepcionales, pero sumamente acotados en que el pago pueda ser superior a 30 días.
El ministro Valente agradeció la voluntad de los parlamentarios que participación en la comisión para alcanzar un acuerdo: “Quiero agradecer la voluntad de todos los sectores políticos que ayudaron a sacar este proyecto tan importante para las familias de nuestro país. Cada uno tiene sus visiones sobre cómo tener un mejor país, pero el progreso nos demanda acuerdos y eso hemos hecho”.
El Presidente Sebastián Piñera definió este proyecto como prioridad al iniciar su mandato y en línea con su programa de Gobierno, que tiene como uno de sus ejes principales potenciar e impulsar a las pymes chilenas, tomando en cuenta que generan más del 50% del empleo nacional y que de ella dependen más de cuatro millones de personas a lo largo del país.
“Finalmente estamos dejando atrás 15 años de discusión, y de sacrificio de nuestras pymes. Con el avance del proyecto estamos muy cerca de poder reivindicar el rol que las pequeñas y medianas empresas tienen en nuestro país, al otorgarles un plazo definitivo de pago, que hoy no existe”, dijo el ministro Valente.
En la misma línea, la autoridad enfatizó que la importancia de este proyecto radica en que hay más de un millón de pymes y, por lo tanto, una de cada cuatro familias está vinculada a una pequeña empresa.
“Darle una solución al plazo de pago es entregarle certeza de pago a uno de cada 4 chilenos cuya fuente de ingresos depende de esta actividad. No en vano estamos orgullosos de las pymes, que son uno de los motores que ponen a Chile en Marcha”, aseguró el secretario de Estado.
Los acuerdos alcanzados en la instancia parlamentaria contemplan la implementación progresiva desde 60 días de plazo máximo de pago a 30 días, al cumplirse dos años de publicada la ley, la aplicación de comisiones moratorias por el atraso en la cancelación de la factura y la estipulación de casos excepcionales, pero sumamente acotados en que el pago pueda ser superior a 30 días.
El ministro Valente agradeció la voluntad de los parlamentarios que participación en la comisión para alcanzar un acuerdo: “Quiero agradecer la voluntad de todos los sectores políticos que ayudaron a sacar este proyecto tan importante para las familias de nuestro país. Cada uno tiene sus visiones sobre cómo tener un mejor país, pero el progreso nos demanda acuerdos y eso hemos hecho”.
El Presidente Sebastián Piñera definió este proyecto como prioridad al iniciar su mandato y en línea con su programa de Gobierno, que tiene como uno de sus ejes principales potenciar e impulsar a las pymes chilenas, tomando en cuenta que generan más del 50% del empleo nacional y que de ella dependen más de cuatro millones de personas a lo largo del país.