Gonzalo Islas, decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas.
Finalmente, después de múltiples postergaciones, el Gobierno presentó oficialmente su reforma previsional. Tal como se había anticipado, en el corazón de la reforma está un incremento de seis puntos en la tasa de cotización de cargo al empleador y que pasarán a conformar un fondo de ahorro colectivo, el Fondo Integrado de Pensiones.
Lamentablemente, la reforma previsional parece ser una reforma pensada para junio de 2020 y no para el 2022 y el futuro. Si bien dos años y algunos meses no parece ser mucho tiempo, más aún en un tema cuyo horizonte es de largo plazo como son las pensiones, hay dos cambios centrales que la propuesta del gobierno parece no tener en cuenta.
El primero es la introducción a principios de este año de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Las simulaciones muestran que con la PGU las tasas de reemplazo podrían llegar a superar el 100% para los grupos más vulnerables. Esto no implica que los problemas de nuestro sistema de pensiones hayan desaparecido, pero obliga a revisar los focos de la reforma.
El segundo, son los retiros de ahorros previsionales durante la pandemia. Su efecto es doble: por una parte, validaron la idea de la propiedad individual de los ahorros en parte importante de la población y llevaron a una reducción importante del stock de ahorros previsionales, lo que implica menores tasas de reemplazo al momento de pensionarse y que afecta principalmente a aquellos que no reciben los beneficios de la PGU o para los cuales la PGU representa una proporción más baja de su sueldo. Recuperar el stock de ahorro individual debería ser una prioridad de cualquier reforma.
Es por ello que insistir en una reforma que privilegia el componente de ahorro colectivo, cuando lo que requiere es reforzar el componente de ahorro individual e incrementar los incentivos a la formalización y la cotización, parece poco adecuado a la realidad actual. De hecho, varios de los elementos de la reforma pueden llevar a un menor incentivo a cotizar o a subdeclarar los ingresos, lo que puede terminar afectando la sustentabilidad del sistema.
La reforma incorpora algunas innovaciones interesantes, como el uso del Fondo Solidario de Cesantía para cubrir periodos de lagunas previsionales y un mecanismo simplificado de cotización para independientes. Al mismo tiempo, plantea cambios enormes en la organización industrial del sistema, reemplazando las AFP por los nuevos Inversores de Pensiones Privados (IPP) e incorporando un sistema centralizado de recaudación y administración de cuentas – una idea que se viene discutiendo desde 1980-, y cambiando la estructura de comisiones, incorporando una nueva comisión sobre el saldo. Pero en su fondo, elige ignorar los cambios ocurridos en materia previsional en los últimos dos años. Tal como la reforma propuesta por el gobierno de Piñera, que se ubicaba en el extremo opuesto, se elige un esquema que dificultará llegar a consensos. La negociación parlamentaria se anticipa compleja.
Gonzalo Islas, decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas.
