En estos días se está discutiendo un proyecto de ley para bajar las exigencias de ingreso a las pedagogías por la drástica caída que han sufrido. La Ley de Desarrollo Profesional Docente del año 2016 estableció, entre otras normas, el aumento de puntajes de ingreso a estas carreras de pedagogía. ¿Para qué? Supuestamente, para que se titularan mejores profesores, pero ese no era el camino, ya que nadie puede asegurar que un joven con un muy buen puntaje PSU o Prueba de Transición necesariamente se convertirá en un buen profesor. En esta variable no se consideraron los elementos más importantes: la vocación y el justo reconocimiento social y económico del maestro.

La autoridad actual está aplicando obligatoriamente una mala ley en ese aspecto, producto de un mal diseño de política pública. Esta disminución de ingreso de estudiantes a las carreras de pedagogía era previsible, no por la pandemia como dicen algunos -la caída es de un 35% y viene de hace años-, sino porque deja fuera las variables ya mencionadas, que evidentemente son mucho más importantes que un mayor o menor puntaje.

Lo que se ha producido aquí es discriminación con jóvenes que no tuvieron una adecuada transmisión de los conocimientos curriculares en sus colegios para tener mayor puntaje y que podrían tener una profunda vocación pedagógica. Sabemos lo deteriorada que se encuentra la educación pública en Chile y es por ello que los mejores puntajes son de colegios particulares. A lo anterior se suma que en las universidades una gran cantidad de facultades de Educación han cerrado sus puertas o están a punto de hacerlo, y para acrecentar esta problemática se clausuraron las pedagogías en los institutos profesionales, donde en ese momento estudiaban más de 13.000 jóvenes.

Esta forma de implementar políticas públicas por iluminación y sin rigor metodológico nos lleva a la situación actual. Una política pública debe siempre tender al bien común y analizarse con una proyección prospectiva de sus resultados, con el objetivo de determinar sus impactos. En el país no se hace, esta es la muestra.

Lo que se generó con estas exigencias fue continuar la segregación, suponiendo que los jóvenes con menos de 500 puntos PSU no son capaces de ser buenos profesores. Una vez más se discrimina a los sectores más infraprotegidos de la población.

Para ser aún más claro. Con esta ley, si Gabriela Mistral quisiera estudiar para ser maestra hoy le habría sido muy difícil o no habría podido, si pensamos que ya a los 15 años comenzó a trabajar como ayudante en la Escuela de la Compañía Baja y cuatro años después se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera. Tiempo después sacó su título en la Escuela Normal de Preceptores. ¿Qué la distinguía? El amor por enseñar, que no lo consigue un puntaje. Lo que está ocurriendo es una muestra de ello.

.Rafael Rosell Aiquel, rector de la Universidad Pedro de Valdivia.