Edgardo Riveros Marín, abogado y académico de la Universidad Central.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado, por decisión de la mayoría de sus integrantes, que dependiendo del caso un expresidente goza de inmunidad total o parcial. Esto significa que dicha persona no debe responder, aunque haya cometido un delito, por actos oficiales efectuados mientras estaba en ejercicio de su cargo, dado que la inmunidad total abarca precisamente a los que se determine como actos oficiales.
El fallo está dirigido a favorecer a Donald Trump, dado que se pronuncia vinculado a los juicios que se han abierto contra el expresidente, en particular, aquel que busca determinar su responsabilidad en los intentos de dejar sin efecto su derrota frente a Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales. Acción que ha sido considerada un flagrante atentado contra la democracia estadounidense.
Se ha dado cuenta que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, al comunicar el fallo, de cuya mayoría formó parte, formuló una frase contradictoria y con graves efectos, esta es que un mandatario “no está por encima de la ley, pero tiene inmunidad absoluta frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo”. La contradicción radica en que en la práctica el presidente, aunque cometa delito, quedará por encima de la ley. Esto, por lo demás, fue consignado en el voto de minoría de tres jueces que no estuvieron de acuerdo con la sentencia, advirtiendo que “la decisión de darles a los expresidentes inmunidad penal reestructura la institución de la Presidencia”.
Se tiene conciencia, o se debiera tenerla, del estilo y la forma de ejercer el poder por parte de Donald Trump. Ello quedó de manifiesto en el periodo que ejerció la presidencia y que ha motivado diversas acciones judiciales. Surge la necesaria reflexión acerca de cómo ejercería el cargo, si nuevamente lo asumiera, sabiéndose inmune y, por tanto, sin la obligación de responder de sus actos. Un riesgo adicional a considerar por la ciudadanía de Estados Unidos.
Edgardo Riveros Marín, abogado y académico de la Universidad Central.
