La Universidad de Chile aseguró que tomará medidas administrativas y legales para revertir el fallo conocido este jueves que determina que el establecimiento no podrá vender servicios al Estado durante dos años tras la demanda de un profesor.
En declaraciones enviadas a La Nación, la universidad aseguró que “el rol que desempeña la Universidad de Chile es de gran valor para el país y su población, por lo que nos preocupa que el flujo de servicios hacia la sociedad, actuando como proveedor a través de Chilecompra, se vea entorpecido”.
El fallo, que fue ratificado en mayo por la Corte Suprema, establece un plazo de dos años en que la Universidad de Chile no podrá celebrar contratos con el Estado. Esto significa que no podrán participar de la licitación del Ministerio de Desarrollo Social a través de Chilecompra para la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).
Otros servicios que no podrá prestar la institución serán capacitaciones para el sector público, directamente o a través del Hospital Clínico y la realización de diversos estudios, según informó.
La universidad señaló que “si bien estas actividades representan menos del 2% del presupuesto de nuestra Universidad, el valor en conocimiento e impacto en el desarrollo de políticas públicas, servicios de salud, análisis técnicos y otros es invaluable”.
Por esto aseguraron que “la Universidad ha tomado las medidas administrativas y legales para revertir esta situación, y tenemos confianza que estas acciones permitirán corregir este escenario prontamente”.
