El Tribunal Supremo de Brasil avaló este miércoles en sesión plenaria la instalación de una comisión en el Senado para investigar posibles “omisiones” del presidente, Jair Bolsonaro, en su gestión de la pandemia de Covid-19.

Diez de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) apoyaron al magistrado Luis Roberto Barroso, que el pasado jueves ordenó la instalación de la llamada “CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de la Pandemia”, que ya deja casi 360.000 muertos en Brasil, una decisión que Bolsonaro calificó de “activismo judicial”. 

El Senado se adelantó el martes a la sesión de este miércoles en la alta corte, y dio el primer paso para la creación de la comisión, cuyos miembros deberán ser definidos en un plazo de 10 días por los diferentes partidos.

La comisión fue originalmente propuesta por el senador del partido ambientalista Rede Sustentabilidade, Randolfe Rodrígues, para “las acciones y omisiones del gobierno federal en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 en Brasil y, en especial, en el agravamiento de la crisis sanitaria en el estado de Amazonas (norte), con la ausencia de oxígeno para los pacientes internados”.

En enero, decenas de personas murieron en Manaos, la capital de Amazonas, por falta de oxígeno en los hospitales.

Pero el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, que hasta hace pocos días se negaba a instalar la CPI, decidió el martes integrar a esa comisión otra pedida por el centroderechista Podemos para investigar también eventuales irregularidades de gobernadores y alcaldes en la crisis sanitaria.

Brasil, el segundo país con más muertos por el coronavirus, por detrás de Estados Unidos, atraviesa la fase más dura de la pandemia, con un promedio de más de 3.000 muertos diarios en la última semana y los hospitales al borde del colapso, lo cual obligó a muchos estados y municipios a reimponer medidas de cuarentena.

Los expertos atribuyen esa situación en parte a la gestión de Bolsonaro, que sigue minimizando la gravedad de la pandemia, arremetiendo contra las medidas de confinamiento por su impacto económico y atribuyendo a las autoridades locales la responsabilidad por el colapso sanitario. 

Además, la campaña de vacunación arrancó tardíamente en enero y enfrenta escasez de insumos y atrasos en la importación de dosis, algo que los expertos atribuyen en parte a la demora del gobierno para celebrar acuerdos de compra con los diferentes grupos farmacéuticos.