Dr. Alejandro Torres Flores, Ingeniero Civil en Obras Civiles y académico Universidad Central.
La conducta de los usuarios del espacio vial en general, y de los conductores de vehículos en particular (motorizados y no motorizados), está al borde del descontrol. El tránsito vehicular se ha transformado en una actividad con muy poca regulación (en la práctica), tanto es así, que existe la percepción que es tierra de nadie, cada día tenemos que lamentar un número inaceptable de accidentes de tránsito y, peor aún, víctimas fatales.
Como promedio en Chile fallecen 5 personas diarias a causa de un accidente de tránsito, cifra que ha llegado a más de 10 víctimas fatales en 1 solo día. Pero no es solo una cifra, se termina la vida de una persona y cambia para siempre a una familia completa y su entorno.
Desde el Estado se han realizado esfuerzos, pero las víctimas se siguen sumando, lo que quiere decir que esos esfuerzos no están permeando en la sociedad. Las leyes de tránsito se han transformado en letra muerta, hay muy poca fiscalización y una precaria educación vial, lo que da como resultado que los usuarios tengan una bajísima percepción del riesgo que significa circular a exceso de velocidad; no utilizar cinturón de seguridad (en particular en los asientos de los pasajeros) o no utilizar sistemas de retención infantil.
Tampoco se utilizan los cinturones de seguridad en el transporte de pasajeros; hay ingreso de conductores al parque vehicular sin licencia de conducir; no tenemos idea la calidad de la educación en las escuelas de conductores; no existe una fiscalización adecuada a las condiciones laborales de los conductores profesionales (de carga y pasajeros); ni menos inversión en tecnología que apoye la adecuada gestión del tránsito. Recordemos que el proyecto de Ley CATI fue presentado por el Ministerio de Transportes el año 2013.
Por el contrario, un ejemplo de las “señales” que dan nuestra autoridades, es la rapidez abismante con que se aprobó la ley que prorroga (una vez más) la validez de las licencias de conducir, solo por una justificación “administrativa” (se argumenta el “colapso” de los municipios por el riego sanitario de las aglomeraciones, como si no se tuvieran las herramientas de gestión para programar de la debida forma esta actividad), contradiciendo los fundamentos de fondo que tiene la renovación del documento, que es controlar y validar las condiciones teóricas, prácticas y de salud que debe tener una persona, para conducir un vehículo. Si nuestras autoridades dan estas señales, ¿qué queda para nosotros los usuarios del espacio vial? ¡Es el mundo al revés!
Dr. Alejandro Torres Flores, Ingeniero Civil en Obras Civiles y académico Universidad Central.
