Cunden las voces de rechazo al interior de la Convención Constitucional hacia una iniciativa de norma que apunta a disolver los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y reemplazarlos por una “asamblea plurinacional” que, integrada sólo por representantes de la “clase trabajadora”, asumiría todas las funciones del Estado.

La iniciativa fue dada a conocer en la Comisión de Sistema Político por la convencional María Rivera, de la Coordinadora Plurinacional y Popular, quien explicó que esta “asamblea plurinacional” compuesta por 600 miembros electos por otras “asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas de Armadas”.

El exvicepresidente de la Mesa Directiva, Jaime Bassa, aseguró que esta iniciativa “está fuera de los márgenes culturales dentro de los cuales se está llevando a cabo adelante la discusión política”, por lo que, aun siendo legítima, “no tiene ninguna posibilidad de avanzar, no sólo porque no tenga los apoyos y los votos suficientes dentro de la Convención Constitucional, sino porque creo que no representa el espíritu de redistribución del poder y desconcentración del poder que alienta a este proceso constituyente”.

María Rivera aseguró que la supresión de los tres poderes del estado asoma como la única fórmula que permita garantizar verdaderos niveles de equidad y justicia social, también para recuperar “la confianza en la política”, aunque reconoció que su interés está más en abrir una discusión nacional que en lograr una aprobación que, en función de todas las proyecciones, se antoja difícil, por no decir imposible. La propuesta cuenta con el apoyo de los/as convencionales Eric Chinga, Ivanna Olivares, Dayyana González, Alejandra Pérez, Isabel Godoy, Elsa Labraña y Carolina Vilches.

“Si se resuelve ya sea un Estado unicameral, bicameral, el Poder Ejecutivo con menos facultades… el problema no está ahí, está en quién tiene la dominación política y económica del Estado (…) Si no se cambia eso, va a llegar un momento en que no se van a resolver las demandas populares porque no se va a estar discutiendo cómo se resuelven esas demandas populares quienes producen la riqueza y esa es la diferencia que nosotros planteamos”, declaró, según Emol.

“Esta Convención Constitucional no partió porque se le ocurrió a los dueños de Chile, se originó porque la gente salió a la calle”, agregó.