Este jueves, el lonco Alfredo Tralcal y los hermanos Pablo, Benito y Ariel Trangol, cumplen 108 días en huelga de hambre y esta semana fueron trasladados al hospital de Temuco en un delicado estado de salud.
Los cuatro huelguistas están siendo procesados por su supuesta participación en el atentado incendiario que afectó a una iglesia evangélica en la comuna de Padre Las Casas, conocido como “Caso Iglesias”. El ataque ocurrió en junio de 2016 y los imputados arriesgan hasta 20 años de cárcel.
Desde entonces se encuentran en prisión preventiva y hace más de 100 días iniciaron la huelga para exigir celeridad en el inicio del juicio y que no se les juzgue bajo Ley Antiterrorista, ya que les impide cambiar su medida cautelar.
Este jueves el Gobierno se refirió al caso del lonco Tralcal y los hermanos Trangol a través de la ministra Paula Narváez, quien señaló que “nos parece fundamental como Ejecutivo dejar esto en manos de la justicia. Por nuestra parte nos hemos preocupado por la salud de las personas que han estado en huelga de hambre”.
La ministra informó que el estado de salud de los comuneros fue monitoreado este miércoles por profesionales de la salud e hizo un llamado a “deponer este tipo de medidas de fuerza que atentan contra la vida de las personas”.
LLAMADO AL DIÁLOGO
Desde distintos sectores de la sociedad se ha llamado a un diálogo entre los huelguistas mapuche y el Gobierno. Un ejemplo de ello lo protagoniza un grupo de académicos de la región de la Araucanía, quienes a través de una carta abierta pidieron un nuevo esfuerzo por parte de los comuneros mapuche y sus familias, y el Gobierno.
Guillermo Williamson, académico de la Universidad de la Frontera (UFRO), señaló a La Nación que “el llamado es que tanto el Gobierno como los hermanos comuneros hagan un acto de generosidad, que entendemos que es complejo porque supone para todos dejar algunos de los elementos que conforman su visión de los problemas para que puedan ganar todos”.
Wiliamson también señaló que debe primar “el respeto a la vida, el cuidado a las personas. Hay un rasgo de humanismo, de preocupación por la vida de los comuneros y al mismo tiempo una preocupación por el desarrollo de la sociedad en general”.
“Todo esto tiene consecuencias legales, no es tan simple desde el punto de vista formal y procedimental. Pero lo primero es que haya una disposición a este efecto común. Eso es lo que estamos pidiendo”, agregó el académico de la UFRO.
Por su parte, Felipe Berríos, jesuita y mediador en el caso, estuvo con los huelguistas este miércoles y señaló que “ellos necesitan desahogarse y exponer sus puntos de vista, y que alguien escuche a sus familias y transmita esto a las autoridades. No lo que puede entregar Gendarmería o los abogados: lo que uno vio y lo que me dijeron los médicos. Ésa ha sido mi tarea”.
CRITICAS A LA LEY ANTITERRORISTA Y EL MINISTERIO PÚBLICO
Las críticas a la Ley Antiterrorista y su aplicación en este caso, no han llegado sólo de los comuneros mapuche, sino que también por parte de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quién señaló que “tiene que revisarse, no puede ser que haya personas que estén más de un año en prisión preventiva, que no se sepa cuándo va a ser su juicio oral, en una ley que hace que todo su procedimiento sea más duro porque no pueden optar a una salida alternativa, tienen otros estándares y no tienen juicio oral”.
Berríos, por otro lado, criticó al Ministerio Público, al señalar que “no puede ser que después de un año y tres meses no formalicen ni investiguen, es demasiado“.
“El Ministerio Público tiene una responsabilidad muy grande acá y el fiscal nacional debe decir algo. El delito no fue un atentado tremendamente sofisticado: lo que yo creo que hay ahí es una falla muy grande del ministerio, que hace que esto llegue a una situación muy complicada donde todo se puede radicalizar”, aseguró con preocupación.
Los cuatro huelguistas están siendo procesados por su supuesta participación en el atentado incendiario que afectó a una iglesia evangélica en la comuna de Padre Las Casas, conocido como “Caso Iglesias”. El ataque ocurrió en junio de 2016 y los imputados arriesgan hasta 20 años de cárcel.
Desde entonces se encuentran en prisión preventiva y hace más de 100 días iniciaron la huelga para exigir celeridad en el inicio del juicio y que no se les juzgue bajo Ley Antiterrorista, ya que les impide cambiar su medida cautelar.
Este jueves el Gobierno se refirió al caso del lonco Tralcal y los hermanos Trangol a través de la ministra Paula Narváez, quien señaló que “nos parece fundamental como Ejecutivo dejar esto en manos de la justicia. Por nuestra parte nos hemos preocupado por la salud de las personas que han estado en huelga de hambre”.
La ministra informó que el estado de salud de los comuneros fue monitoreado este miércoles por profesionales de la salud e hizo un llamado a “deponer este tipo de medidas de fuerza que atentan contra la vida de las personas”.
LLAMADO AL DIÁLOGO
Desde distintos sectores de la sociedad se ha llamado a un diálogo entre los huelguistas mapuche y el Gobierno. Un ejemplo de ello lo protagoniza un grupo de académicos de la región de la Araucanía, quienes a través de una carta abierta pidieron un nuevo esfuerzo por parte de los comuneros mapuche y sus familias, y el Gobierno.
Guillermo Williamson, académico de la Universidad de la Frontera (UFRO), señaló a La Nación que “el llamado es que tanto el Gobierno como los hermanos comuneros hagan un acto de generosidad, que entendemos que es complejo porque supone para todos dejar algunos de los elementos que conforman su visión de los problemas para que puedan ganar todos”.
Wiliamson también señaló que debe primar “el respeto a la vida, el cuidado a las personas. Hay un rasgo de humanismo, de preocupación por la vida de los comuneros y al mismo tiempo una preocupación por el desarrollo de la sociedad en general”.
“Todo esto tiene consecuencias legales, no es tan simple desde el punto de vista formal y procedimental. Pero lo primero es que haya una disposición a este efecto común. Eso es lo que estamos pidiendo”, agregó el académico de la UFRO.
Por su parte, Felipe Berríos, jesuita y mediador en el caso, estuvo con los huelguistas este miércoles y señaló que “ellos necesitan desahogarse y exponer sus puntos de vista, y que alguien escuche a sus familias y transmita esto a las autoridades. No lo que puede entregar Gendarmería o los abogados: lo que uno vio y lo que me dijeron los médicos. Ésa ha sido mi tarea”.
CRITICAS A LA LEY ANTITERRORISTA Y EL MINISTERIO PÚBLICO
Las críticas a la Ley Antiterrorista y su aplicación en este caso, no han llegado sólo de los comuneros mapuche, sino que también por parte de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quién señaló que “tiene que revisarse, no puede ser que haya personas que estén más de un año en prisión preventiva, que no se sepa cuándo va a ser su juicio oral, en una ley que hace que todo su procedimiento sea más duro porque no pueden optar a una salida alternativa, tienen otros estándares y no tienen juicio oral”.
Berríos, por otro lado, criticó al Ministerio Público, al señalar que “no puede ser que después de un año y tres meses no formalicen ni investiguen, es demasiado“.
“El Ministerio Público tiene una responsabilidad muy grande acá y el fiscal nacional debe decir algo. El delito no fue un atentado tremendamente sofisticado: lo que yo creo que hay ahí es una falla muy grande del ministerio, que hace que esto llegue a una situación muy complicada donde todo se puede radicalizar”, aseguró con preocupación.
