El superintendente de Salud, Víctor Torres, respondió a las críticas que la Asociación de Isapres hizo al proyecto de ley corta del Gobierno que busca resolver el fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre del 2022.

La resolución del máximo tribunal obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados que hayan sido realizados mediante otras tablas.

Con la propuesta del Ejecutivo, se estima que nueve isapres tendrán que hacer una devolución de $1,1 billón. Al respecto, la Asociación acusó que la iniciativa “no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal”.

Consultado por las críticas del gremio, Torres indicó a Radio ADN que “es bastante absurdo que la Asociación de Isapres trate de generar una responsabilidad en el Gobierno o en la Superintendencia (de Salud) diciendo, además, que hay una intencionalidad ideología y política detrás cuando las condiciones del proyecto de ley son mejores que no habiendo presentado el proyecto de ley”.

“Ni siquiera han querido ir con recurso de aclaración a la Corte Suprema. De hecho fuimos nosotros como Superintendencia, no siendo parte de las causas, quienes tuvimos que ir a aclarar algunas materias sobre retroactividad porque ellos no quisieron. Se negaron permanentemente a ir, a utilizar digamos este recurso de aclaración ante la Corte que siendo ellos parte de la causa son los primeros interesados”, añadió.

Mientras que en Radio Cooperativa, el superintendente aseveró que “si detrás de esto hubiese la intencionalidad que están planteando las isapres, no se habría presentado un proyecto de ley, porque el efecto directo e inmediato del fallo sí generaba este problema”.

“Si uno hubiese querido dejar caer al sistema, entonces lo primero que se hubiese hecho es ese actuar irresponsable por el que me emplazaban las mismas, o eventualmente, no se hubiese presentado un proyecto de ley que puede no gustarles, que puede mejorarse, pero que presenta una ruta que mejora las condiciones de cumplimiento de un fallo”, agregó.

“No les gusta un proyecto de ley que de todas maneras mejora las condiciones de cumplimiento del fallo porque no quieren, en definitiva, devolver lo que se cobró de más. El problema no lo tienen con el Gobierno ni la Superintendencia, el problema lo tienen con el cumplimiento de un fallo, y si no quieren cumplirlo, tendrán que responder en la Corte”, complementó.

El exdiputado DC advirtió que “cuando la aspiración es que la ley borre un fallo, no hay posibilidad de que ello ocurra, porque sería inconstitucional, y hay que reconocer primero cuál es la situación sobre la que estamos parados. Si no, eso sí termina siendo un engaño”.