La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el jueves 3 de agosto la audiencia en que se discutirá si procede o no el desafuero del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien enfrenta una querella por injurias y calumnias del expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) , Juan Sutil, a quien el parlamentario acusó de haber entregado “un par de millones” a legisladores de derecha.

Según señala La Tercera, el tribunal de alzada tomó la decisión de avanzar en el trámite y agendó una audiencia “para efectos de conocer la solicitud de desafuero interpuesta por el abogado don Eduardo Riquelme Portilla en representación de señor Juan Ignacio Sutil Servoin, en contra del diputado de la República señor Diego Ibáñez Cotroneo”.

En abril pasado, Ibáñez dijo que “a propósito de Juan Sutil, que por lo demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución”.

El abogado Eduardo Riquelme – en representación de Sutil – presentó la querella el 10 de mayo lo que derivó en una solicitud de desafuero a la Corte. En el libelo se lee que “los dichos del querellado Diego Ibáñez imputan directamente a mi representado Juan Sutil como autor de conductas destinadas a incidir en la voluntad parlamentaria por medio de la entrega de dinero a tres diputados específicamente indicados, esto es, a los diputados Juan Antonio Coloma, Diego Schalper y Jorge Alessandri”.

El abogado de Sutil añadió que las declaraciones del diputado de Convergencia Social son de “suma gravedad” y expuso que “no puede bajo ninguna circunstancia ser aceptado, puesto que don Juan Sutil nunca ha dado, realizado, facilitado u otorgado financiamiento político a los diputados Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma. Por tanto, esa afirmación constituye una mentira, una falsedad”.

La Corte acogió a trámite el requerimiento y solicitó un informe a Ibáñez, quien a través del abogado Francisco Cox contestó y descartó haber cometido un delito que le valga su desafuero.

Al respecto, Cox señaló que “los dichos proferidos por mi representado en los programas televisivos antes señalados no solo son diferentes a los indicados en la petición de desafuero, ya que jamás le imputaron delito como intenta hacer creer la querella, sino que son atípicos, y que analizados en su contexto representan una crítica al sistema de financiamiento de la política y no una imputación personal al señor Sutil”.

Finalmente, el diputado Diego Ibáñez fue consultado a través de su equipo de prensa sobre qué esperan de este proceso judicial donde se revisará un eventual desafuero, pero declinaron hacer declaraciones.