Cabe reseñar que Orozco fue timonel de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y fue sentenciado por su vinculación con dos homicidios calificados ocurridos en San Felipe, en diciembre de 1973.
Según lo informado por El Mercurio, fue la nieta de Orozco, la abogada Alejandra Sepúlveda, quien elevó la semana pasada la solicitud al Mandatario, con el objetivo de cambiar la pena carcelaria por arresto domiciliario total.
En el escrito, la jurista cuestiona si “un hombre en sus condiciones y a su edad puede representar un peligro para la sociedad”, como citó el medio escrito.
El mismo señaló que fue el exministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, quien lo condenó a los 10 años de presidio, dictamen al que la misma Sepúlveda apeló, señalando que Orozco padecía de un tipo de Alzhéimer.
Ante esto, se instruyó al Servicio Médico Legal para examinar su estado de salud, concluyendo que Orozco “se encuentra desorientado en el tiempo, orientado en el espacio”.
El SML determinó que el general en retiro no está impedido para cumplir la pena a la que fue condenado por los crímenes de lesa humanidad.