La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) se sumó al recurso presentado la semana pasada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ante el Tribunal Constitucional, en el que pide revisar eventuales vicios constitucionales del despachado proyecto de ley sobre delitos económicos de cuello y corbata.

Este lunes, mediante una declaración pública, el gremio presidido por Rosario Navarro manifestó que “condenamos todas las malas prácticas empresariales, constituyan o no delitos, y consideramos necesario que las conductas delictivas más graves puedan concluir en cárcel efectiva para sus perpetradores”.

“Creemos en la libre competencia, en el correcto funcionamiento del mercado de capitales, en la responsabilidad de las empresas con el medio ambiente, con la seguridad de sus trabajadores y las comunidades”, expresaron.

En esta línea, apuntaron que la medida que fue aprobada por el Congreso “podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requiere de una profunda revisión en una serie de aspectos”.

Entre ellos, Sofofa menciona que la ley establecerá “un estándar jurídico distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país, no respetándose así el principio de igualdad ante la ley, tanto en la calificación de las penas de las que serán objeto, como de los beneficios a los que podrán acogerse en el proceso”.

“Nos parece fundamental condenar y tener legislaciones adecuadas frente a delitos que atentan gravemente contra la actividad empresarial y la sociedad en su conjunto -como la colusión, el cohecho, la corrupción, entre otros, que conlleven un alto costo para sus responsables-, esta ley en particular agrega un grupo de figuras delictivas difusas”, precisaron.

En este sentido, la organización gremial indicó que se encuentra “la adopción de acuerdos abusivos en el directorio y la entrega de información falsa, sumados a la ya existente administración desleal, entre otros”.

“La falta de precisión y exactitud en la definición de estas nuevas figuras delictivas genera un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito”, subrayaron.

Además, puntualizaron que “será difícil de probar por parte de los persecutores y también complejizará la defensa por parte de los acusados, abriendo un amplio espacio de discrecionalidad en la calificación de una conducta”.

“La subjetividad descrita se ve agravada por las altas penas de las que serán objeto dichos delitos, y la aplicación de beneficios respecto de los acusados, que, por ejercer cargos de alta responsabilidad en empresas, han sido privados totalmente de ellos”, complementaron.

Por último, el gremio aseveró que repudian y condenan a todos quienes comentan delitos económicos. Sin embargo, recalcaron que “las leyes deben proveer un catálogo de delitos definidos de manera precisa y exhaustiva, donde la subjetividad y arbitrariedad tengan el menor espacio posible. Reiteramos que es fundamental aplicar toda la fuerza del marco legal a quienes cometen efectivamente delitos, siempre resguardando el debido proceso y la igualdad ante la ley”.

Cabe señalar que la semana pasada la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ingresó un requerimiento ante al Tribunal Constitucional respecto a la medida que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y ambientales.

En concreto, CPC acudió al TC acusando que existirían “vicios de inconstitucionalidad” en la iniciativa que fue despachada por el Congreso el pasado 16 de mayo.