Marcelo Trivelli, director de Fundación Semilla y exintendente de la Región Metropolitana.

Los hechos de violencia con resultado de muerte en diferentes países del mundo hacen surgir nuevamente la discusión de la conveniencia de que la población civil pueda o no tener la autorización para tener y/o portar armas. Y la pregunta es: ¿defenderse por cuenta propia o delegar esa responsabilidad en el Estado?

En Estados Unidos de Norte América, como una forma de defensa de la democracia ante posibles gobiernos autoritarios que pudieran utilizar las armas del Estado en contra de sus ciudadanos, en el año 1791, se aprobó la segunda enmienda a la Constitución que establece: “Por ser necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien regulada, no se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

En dicho país hay más de un arma por persona. En promedio, los homicidios con armas de fuego son 53 al día y ello corresponde al 79% de los homicidios que alcanzan a 5,3 personas asesinadas por cada cien mil habitantes. Las masacres son frecuentes. En la última, un joven de 18 años dio muerte a diecinueve niñas y niños y dos adultas en una escuela primaria en Uvalde, Texas, utilizando un rifle semi automático comprado de forma legal.

Mientras algunos plantean restringir el acceso a las armas de fuego, otros abogan por más armas en poder de civiles. En días pasados, el gobernador republicano de Ohio, firmó una ley que autoriza a trabajadores de los colegios a portar armas de fuego.

Japón es uno de los países más restrictivos en la posesión y tenencia de armas de fuego y también uno de los más bajos en homicidios (0,2) por cada cien mil habitantes. Sus leyes son explícitas en señalar que: “Nadie poseerá un arma de fuego o armas de fuego o una espada o espadas”.

Después de ver estas realidades tan diversas, así como la de muchos otros países, es fácil llegar a la conclusión de que menos armas de fuego en poder de la población civil tiene como consecuencia directa menos muertes pues se utilizan menos.

De seguro fueron estos estudios los que llevaron al Presidente Boric a abordar este desafío en su cuenta anual: “Quiero que sepan todos los que nos están escuchando. La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Por eso, nuestro Programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal”.

En Chile, las armas de fuego ya son una preocupación en el ámbito delincuencial. En contextos escolares aún son casos aislados y por ello tenemos que comenzar a reflexionar sobre esta realidad. No se trata de instalar una cultura policial al interior de los establecimientos que descalifique, criminalice y expulse o presione la deserción, sino de diseñar prácticas pedagógicas que contribuyan en la educación y formación se niñas, niños y jóvenes.

Tenemos el desafío de iluminar la discusión sobre el desarme de la población civil y de cómo evitar que las armas entren en los recintos educacionales o que se utilicen en sus entornos. No podemos caer en la tentación de promover acciones simplistas y populistas como la autorización a trabajadores de la educación a portar armas de fuego.

Para mí la respuesta es categórica: No a las armas de fuego en poder de la sociedad civil.

Marcelo Trivelli, director de Fundación Semilla y exintendente de la Región Metropolitana.