Calificado por muchos analistas como un “espectáculo” la cruzada contra el narcotráfico del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte (72), ha tenido episodios dignos de una película. Duterte hizo noticia mundial al afirmar que mataría a todo antisocial ligado al tráfico de drogas.
El mandatario ganó de manera holgada las elecciones gracias a una campaña basada en temas de seguridad. Prometió erradicar el narcotráfico en seis meses con una política de “liquidar” a todo “toxicómano” tal como declaró el mes pasado. Las palabras de Duterte tuvieron repercusión en la comunidad internacional, donde muchas ONG y asociaciones defensoras de los derechos humanos tildaron la política de seguridad filipina como una violación a los derechos humanos. Unos 2.000 sospechosos han resultado muertos a manos de desconocidos, según la policía. Pero los defensores de los derechos afirman que estos asesinatos han sido cometidos por milicianos o policías que actuaban de forma oficiosa.
Pero todo dio un giro radical a principios de septiembre. Paolo Duterte (42), hijo del mandatario, compareció ante una comisión de Gobierno que investiga posibles conexiones de Aduanas y otros oficiales con una banda que trató de introducir una carga de metanfetamina valorada en 125 millones de dólares.
De ser acusado por narcotráfico, el presidente ordenaría matar a su propio hijo.
“Mi orden fue: Si alguno de mis hijos está (involucrado) en las drogas, mátenlo, así la gente no puede decir nada en mi contra”, afirmó Duterte ante las acusaciones del senador filipino Antonio Trillanes IV de que el hijo mayor del presidente formaba parte de una banda ligada al tráfico de drogas.
Un importante número de policías antidisturbios se movilizó para evitar cualquier enfrentamiento entre los bandos opuestos, al margen de las manifestaciones celebradas 45 años después de que el exdictador Ferdinand Marcos promulgara la ley marcial en el país.
El círculo de Duterte, que también instauró este régimen de excepción en el sur del archipiélago para acabar con una revuelta yihadista, advirtió antes de este jueves que el presidente podría extender la ley marcial a todo el país si las protestas se volvían violentas.
“Nuestro país se está convirtiendo en un cementerio. Gente muere cada día y enterramos a los muertos cada día, como en la época de Marcos”, declaró Pedro Gonzales, uno de los líderes de las manifestaciones contra Duterte.
Los defensores del presidente también acudieron en gran número, una señal de la popularidad del hombre al que algunos consideran capaz de erradicar el narcotráfico y la corrupción, dos de los principales problemas del archipiélago.
La policía contabilizó 5.000 opositores a Duterte en las cercanías del palacio presidencial de Malacañán, en Manila, en tanto que en sus alrededores desfilaron unos 3.000 partidarios del presidente.
Desde su llegada al poder, la policía dice haber matado a más de 3.800 personas en su campaña contra las drogas, y otras miles murieron en circunstancias poco claras. Ahora sólo quedará esperar la suerte y la legitimidad de su discurso contra su hijo.
Texto con información de la Agencia AFP
El mandatario ganó de manera holgada las elecciones gracias a una campaña basada en temas de seguridad. Prometió erradicar el narcotráfico en seis meses con una política de “liquidar” a todo “toxicómano” tal como declaró el mes pasado. Las palabras de Duterte tuvieron repercusión en la comunidad internacional, donde muchas ONG y asociaciones defensoras de los derechos humanos tildaron la política de seguridad filipina como una violación a los derechos humanos. Unos 2.000 sospechosos han resultado muertos a manos de desconocidos, según la policía. Pero los defensores de los derechos afirman que estos asesinatos han sido cometidos por milicianos o policías que actuaban de forma oficiosa.
Pero todo dio un giro radical a principios de septiembre. Paolo Duterte (42), hijo del mandatario, compareció ante una comisión de Gobierno que investiga posibles conexiones de Aduanas y otros oficiales con una banda que trató de introducir una carga de metanfetamina valorada en 125 millones de dólares.
De ser acusado por narcotráfico, el presidente ordenaría matar a su propio hijo.
Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas / Foto: AFP
MANIFESTACIONES A FAVOR Y EN CONTRA
Miles de partidarios y adversarios del presidente filipino Rodrigo Duterte participaron este jueves en sendas manifestaciones, a favor y en contra del mandatario y su “guerra contra la droga”.Un importante número de policías antidisturbios se movilizó para evitar cualquier enfrentamiento entre los bandos opuestos, al margen de las manifestaciones celebradas 45 años después de que el exdictador Ferdinand Marcos promulgara la ley marcial en el país.
El círculo de Duterte, que también instauró este régimen de excepción en el sur del archipiélago para acabar con una revuelta yihadista, advirtió antes de este jueves que el presidente podría extender la ley marcial a todo el país si las protestas se volvían violentas.
“Paremos los asesinatos” se leía en algunas pancartas en las manifestaciones de ayer / Foto: AFP
Los defensores del presidente también acudieron en gran número, una señal de la popularidad del hombre al que algunos consideran capaz de erradicar el narcotráfico y la corrupción, dos de los principales problemas del archipiélago.
La policía contabilizó 5.000 opositores a Duterte en las cercanías del palacio presidencial de Malacañán, en Manila, en tanto que en sus alrededores desfilaron unos 3.000 partidarios del presidente.
Desde su llegada al poder, la policía dice haber matado a más de 3.800 personas en su campaña contra las drogas, y otras miles murieron en circunstancias poco claras. Ahora sólo quedará esperar la suerte y la legitimidad de su discurso contra su hijo.
Texto con información de la Agencia AFP
