La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.(Sernameg), Priscilla Carrasco, asistieron a la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados para explicar el despido de Isabel Amor a solo 48 horas de haber sido anunciada como directora del organismo en la Región de Los Ríos.

Según publica El Mercurio, Carrasco relató que después de que Amor fue nominada para el cargo el 8 de julio “se produjeron sucesivos hechos” por parte de Amor a lo largo de ese mes, y que culminan con la decisión de solicitar la renuncia el día 5 de agosto pasado.

Por lo tanto, dijo Carrasco, “la afirmación de pérdida de confianza que ocurre solo en dos días no se ajusta tampoco a la realidad de los hechos, y en este aspecto es importante que lo dejemos claro en este espacio”.

Junto con lo anterior, la directora de Sernameg emplazó a las parlamentarias a ceñirse a un informe afín enviado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

En el punto C del documento mencionado, se lee que desde que se adopta la decisión de designar a Amor en el cargo a inicios de julio de este año, “quedaron en evidencia sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional, que llevaron a adoptar la decisión” de desvincularla.

Entre esas omisiones se menciona “la de informar dificultades en su relación con agrupaciones de derechos humanos; la resistencia a asumir el diálogo con las asociaciones de funcionarios de Sernameg a nivel regional, comentarios desafortunados expresados al conocer al equipo del Servicio en Los Ríos respecto de lo sucedido con su padre”.

Esto último tiene relación con que en el equipo de la dirección regional hay una víctima de violaciones a los derechos humanos.

A lo anterior se suma el haber entregado información “imprecisa e incompleta” sobre el contenido de una entrevista con revistas Sábado de El Mercurio que no se publicaba a la fecha del despido.

En ella, acusa la directora del Sernameg, Amor cuestionó fallos judiciales “firmes y ejecutoriados” por la Corte Suprema, algo “que colisiona con los valores y misión que el servicio y sus autoridades están llamados a resguardar”.