*Por Manuela Veloso y Francisco Carrera
Las críticas por parte de Canal 13, de personeros de la derecha y la Nueva Mayoría a la decisión de Beatriz Sánchez de no asistir al programa “En Buen Chileno” por la participación en ese espacio del ministro de la dictadura Sergio Melnick, dejan de manifiesto una contradicción severa en la forma en que se concibe el debate acerca de la libertad de expresión y la tolerancia en nuestro país.
Lejos de lo expresado por Iván Valenzuela, conductor del espacio, en orden a estar “abiertos a todos los sectores”, lo cierto es que ese programa es precisamente un reflejo del duopolio informativo que ha imperado en dicha estación televisiva en materia política en los últimos 27 años. Basta recordar que la salida de Pilar Molina del programa supuso la inclusión de dos nuevos integrantes sin modificar la composición política del panel, excluyendo con ello a voces alternativas a los bloques tradicionales.
Valenzuela esgrime el criterio de libertad editorial del espacio televisivo para definir sus contenidos y panelistas, sin convenir el hecho de que a la candidata del Frente Amplio le asiste un derecho similar para asistir (o no) al programa. El propio Cristián Bofill, director de “En Buen Chileno”, acusa veto por parte de Sánchez, el que a su juicio sería contrario al periodismo y la democracia.
Pero la decisión de Beatriz Sánchez no es, en absoluto, resultado de un capricho personal o de una mera actitud prejuiciada hacia la figura de Melnick. La abanderada del Frente Amplio argumenta una decisión ética que se sustenta en la idea de que a Melnick le cabe una “responsabilidad política” por haber formado parte de un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos.
A este respecto, cabe recordar que el argumento tradicionalmente esgrimido por el ex ministro de Odeplan respecto de su rol en la dictadura es el mismo que utilizan otros colaboradores de dicho régimen, en términos de haberse desempeñado en funciones técnicas, ajenas a las acciones represivas llevadas a cabo por los aparatos armados y de inteligencia.
Albert Speer, el célebre arquitecto alemán y colaborador estrecho de Hitler, antes de admitir su responsabilidad política por los crímenes del régimen nazi, intentó inicialmente desligarse de éstos, alegando desconocimiento de lo que acontecía en los campos de concentración. Al reconocer, no obstante, su cometido durante los Juicios de Nuremberg, Speer invirtió ese razonamiento, estimando que su obligación moral, por la función política que cumplía, era precisamente la de saber e informarse de las atrocidades del régimen que apoyó. Bajo ese mismo prisma, ¿puede Sergio Melnick escudarse en su inocencia penal para desmarcarse políticamente de haber aceptado y permanecido en un cargo de confianza al interior de un gobierno que instaló como práctica generalizada la desaparición forzada, el asesinato y la tortura de miles de compatriotas?
Supongamos generosamente que hiciéramos fe de la idea de que Melnick no tuvo conocimiento de los crímenes de la dictadura, ¿no cabría esperar por parte del panelista de “En Buen Chileno” un gesto mínimo de decoro en orden a restarse de asumir un rol preponderante en el debate político actual?
Por lo mismo, llama poderosamente la atención que la defensa de Melnick y las subsecuentes críticas a la decisión de la candidata del Frente Amplio provengan no solo de quienes hoy por hoy pueden ser asociados a la derecha política y económica (Villegas, Bofill, Mariana Aylwin), sino también de actores ligados al mundo de la centroizquierda. Dichas críticas no hacen otra cosa que ajustarse a criterios propios de un consenso precario y que oscilan entre el relativismo y el revisionismo.
En efecto, el relativismo tiende a simplificar la comprensión de lo que fue el régimen de Pinochet, reduciéndolo a algo así como un gobierno de tecnócratas y civiles engañados o inconscientes de los actos de los servicios armados y de inteligencia. Así, la dictadura militar deja ya de ser vista en términos sistémicos como lo que fue, esto es, un acoplamiento entre el aparato represivo que cometió las acciones criminales y los civiles que propiciaron la refundación política y económica del país, la cual solo fue posible a partir de la supresión de las libertades y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Visto de esta manera, la posición relativista comprende el régimen de facto de manera casi anecdótica, como una tragicomedia de hechos desafortunados de los que el país puede resarcirse individualizando a los criminales.
El revisionismo, en tanto, se asocia a una reinterpretación de los actos perpetrados por la dictadura, situándolos en un supuesto contexto que los justificaría o los harían comprensibles. Así, resulta habitual en quienes suscriben esta postura hacer mención al desabastecimiento durante el período de la Unidad Popular como excusa para legitimar el golpe militar de 1973. Este tipo de razonamiento resulta tan infame como legitimar el Holocausto durante el nazismo como resultado de la incapacidad de la República de Weimar de resolver la crisis económica.
La tendencia a la negación y el revisionismo es un fenómeno propio de democracias débiles que no logran establecer una condena masiva y un “nunca más” generalizado respecto de un período previo en que el genocidio se transformó en política de Estado. En España este fenómeno caracteriza el llamado “franquismo sociológico”. El término designa la herencia dictatorial del gobierno de Francisco Franco, que perduraría hasta nuestros días en la nación ibérica, y que se grafica en la permanencia de instituciones, de líderes políticos en cargos de poder y de un legado autoritario que se plasma en la cultura.
El pinochetismo sociológico chileno, se evidenciaría precisamente en la mantención de la Constitución dictatorial; la perdurabilidad de las reformas económicas que permitieron conculcar derechos sociales como la educación, la salud y la seguridad social; la impunidad de los delitos; y una tendencia en nuestra cultura a exigir orden y autoridad como manera de dar solución a los dilemas que plantea la vida democrática. Las crisis económicas, los errores gubernamentales o los hechos de corrupción de los últimos años han tendido a alentar este imaginario pinochetista en parte de la población. Esto quedaría de manifiesto en las fórmulas anti inmigración de algunos políticos de derecha, en las mal llamadas “detenciones ciudadanas”, o en el trato discriminatorio con que el Estado, los partidos del orden y los medios de comunicación han dado a la situación del pueblo mapuche.
*Manuela Veloso es Abogada constitucionalista de la Universidad de Chile, ex dirigente estudiantil y militante del Movimiento Autonomista.
*Francisco Carrera es Bachiller en Ciencias Sociales de la PUC, Sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado y académico de la Escuela de Trabajo Social de la misma casa de estudios.
Las críticas por parte de Canal 13, de personeros de la derecha y la Nueva Mayoría a la decisión de Beatriz Sánchez de no asistir al programa “En Buen Chileno” por la participación en ese espacio del ministro de la dictadura Sergio Melnick, dejan de manifiesto una contradicción severa en la forma en que se concibe el debate acerca de la libertad de expresión y la tolerancia en nuestro país.
Lejos de lo expresado por Iván Valenzuela, conductor del espacio, en orden a estar “abiertos a todos los sectores”, lo cierto es que ese programa es precisamente un reflejo del duopolio informativo que ha imperado en dicha estación televisiva en materia política en los últimos 27 años. Basta recordar que la salida de Pilar Molina del programa supuso la inclusión de dos nuevos integrantes sin modificar la composición política del panel, excluyendo con ello a voces alternativas a los bloques tradicionales.
Valenzuela esgrime el criterio de libertad editorial del espacio televisivo para definir sus contenidos y panelistas, sin convenir el hecho de que a la candidata del Frente Amplio le asiste un derecho similar para asistir (o no) al programa. El propio Cristián Bofill, director de “En Buen Chileno”, acusa veto por parte de Sánchez, el que a su juicio sería contrario al periodismo y la democracia.
Pero la decisión de Beatriz Sánchez no es, en absoluto, resultado de un capricho personal o de una mera actitud prejuiciada hacia la figura de Melnick. La abanderada del Frente Amplio argumenta una decisión ética que se sustenta en la idea de que a Melnick le cabe una “responsabilidad política” por haber formado parte de un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos.
A este respecto, cabe recordar que el argumento tradicionalmente esgrimido por el ex ministro de Odeplan respecto de su rol en la dictadura es el mismo que utilizan otros colaboradores de dicho régimen, en términos de haberse desempeñado en funciones técnicas, ajenas a las acciones represivas llevadas a cabo por los aparatos armados y de inteligencia.
Albert Speer, el célebre arquitecto alemán y colaborador estrecho de Hitler, antes de admitir su responsabilidad política por los crímenes del régimen nazi, intentó inicialmente desligarse de éstos, alegando desconocimiento de lo que acontecía en los campos de concentración. Al reconocer, no obstante, su cometido durante los Juicios de Nuremberg, Speer invirtió ese razonamiento, estimando que su obligación moral, por la función política que cumplía, era precisamente la de saber e informarse de las atrocidades del régimen que apoyó. Bajo ese mismo prisma, ¿puede Sergio Melnick escudarse en su inocencia penal para desmarcarse políticamente de haber aceptado y permanecido en un cargo de confianza al interior de un gobierno que instaló como práctica generalizada la desaparición forzada, el asesinato y la tortura de miles de compatriotas?
Supongamos generosamente que hiciéramos fe de la idea de que Melnick no tuvo conocimiento de los crímenes de la dictadura, ¿no cabría esperar por parte del panelista de “En Buen Chileno” un gesto mínimo de decoro en orden a restarse de asumir un rol preponderante en el debate político actual?
Por lo mismo, llama poderosamente la atención que la defensa de Melnick y las subsecuentes críticas a la decisión de la candidata del Frente Amplio provengan no solo de quienes hoy por hoy pueden ser asociados a la derecha política y económica (Villegas, Bofill, Mariana Aylwin), sino también de actores ligados al mundo de la centroizquierda. Dichas críticas no hacen otra cosa que ajustarse a criterios propios de un consenso precario y que oscilan entre el relativismo y el revisionismo.
En efecto, el relativismo tiende a simplificar la comprensión de lo que fue el régimen de Pinochet, reduciéndolo a algo así como un gobierno de tecnócratas y civiles engañados o inconscientes de los actos de los servicios armados y de inteligencia. Así, la dictadura militar deja ya de ser vista en términos sistémicos como lo que fue, esto es, un acoplamiento entre el aparato represivo que cometió las acciones criminales y los civiles que propiciaron la refundación política y económica del país, la cual solo fue posible a partir de la supresión de las libertades y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Visto de esta manera, la posición relativista comprende el régimen de facto de manera casi anecdótica, como una tragicomedia de hechos desafortunados de los que el país puede resarcirse individualizando a los criminales.
El revisionismo, en tanto, se asocia a una reinterpretación de los actos perpetrados por la dictadura, situándolos en un supuesto contexto que los justificaría o los harían comprensibles. Así, resulta habitual en quienes suscriben esta postura hacer mención al desabastecimiento durante el período de la Unidad Popular como excusa para legitimar el golpe militar de 1973. Este tipo de razonamiento resulta tan infame como legitimar el Holocausto durante el nazismo como resultado de la incapacidad de la República de Weimar de resolver la crisis económica.
La tendencia a la negación y el revisionismo es un fenómeno propio de democracias débiles que no logran establecer una condena masiva y un “nunca más” generalizado respecto de un período previo en que el genocidio se transformó en política de Estado. En España este fenómeno caracteriza el llamado “franquismo sociológico”. El término designa la herencia dictatorial del gobierno de Francisco Franco, que perduraría hasta nuestros días en la nación ibérica, y que se grafica en la permanencia de instituciones, de líderes políticos en cargos de poder y de un legado autoritario que se plasma en la cultura.
El pinochetismo sociológico chileno, se evidenciaría precisamente en la mantención de la Constitución dictatorial; la perdurabilidad de las reformas económicas que permitieron conculcar derechos sociales como la educación, la salud y la seguridad social; la impunidad de los delitos; y una tendencia en nuestra cultura a exigir orden y autoridad como manera de dar solución a los dilemas que plantea la vida democrática. Las crisis económicas, los errores gubernamentales o los hechos de corrupción de los últimos años han tendido a alentar este imaginario pinochetista en parte de la población. Esto quedaría de manifiesto en las fórmulas anti inmigración de algunos políticos de derecha, en las mal llamadas “detenciones ciudadanas”, o en el trato discriminatorio con que el Estado, los partidos del orden y los medios de comunicación han dado a la situación del pueblo mapuche.
*Manuela Veloso es Abogada constitucionalista de la Universidad de Chile, ex dirigente estudiantil y militante del Movimiento Autonomista.
*Francisco Carrera es Bachiller en Ciencias Sociales de la PUC, Sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado y académico de la Escuela de Trabajo Social de la misma casa de estudios.
