Cada día 36 personas mueren en Chile producto del consumo problemático de alcohol, según un estudio encargado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y realizado por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica.
El análisis, que también incluye una revisión al costo del impacto del consumo de alcohol en el país, concluyó que el Estado gastó US$2.238 millones durante 2017.
Casi la mitad de ese costo tiene que ver con las 13.260 muertes atribuibles al consumo de alcohol en un año. Esto corresponde al 13% de todas las muertes ocurridas en el país anualmente.
Para dimensionar el impacto en la salud se estudiaron 40 patologías para las cuales existe consenso internacional de una asociación entre consumo de alcohol y daño a la salud, hecho que reveló que el gasto en esta área alcanza los US$ 673 millones.
Las enfermedades con mayor impacto económico en Chile, asociadas a la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, son los males cardiovasculares, lesiones no intencionales y enfermedades digestivas. Esto, sacando aquellas personas que tienen este tipo de patologías por otras causas, por ejemplo, una persona hipertensa con problemas cardiovasculares.
Además de ello, el alcohol genera impacto en otras áreas como en crímenes y violencia; ausentismo y producción laboral.
“Es impactante que el costo de los daños que genera el consumo de alcohol puede ser hasta ocho veces superior al impuesto específico recaudado por el fisco en esta materia”, señaló a El Mercurio la investigadora a cargo del estudio, Paula Margozzini.
Para el director del Senda, Carlos Charme, la situación del consumo de alcohol en Chile es un problema grave. “Sobre todo, si consideramos lo que nos muestran nuestros estudios de Población General y Población Escolar: entre los adultos, un 46% declara haber consumido alcohol en el último mes; de ellos, el 51% dice haberse embriagado”.
Según Margozzini, la medida más efectiva para reducir la ingesta de alcohol es subir el precio, ya sea fijando un valor mínimo o a través de más impuestos; la regulación de la publicidad, por ejemplo en eventos deportivos, y reducir su disponibilidad, con horarios limitados o menos lugares de venta. Estas son “políticas de gran costo-efectividad”.
Por el contrario, plantea que medidas como la educación a niños y jóvenes o informar a través de etiquetas “no han demostrado ser costo-efectivas como medidas únicas”.
El análisis, que también incluye una revisión al costo del impacto del consumo de alcohol en el país, concluyó que el Estado gastó US$2.238 millones durante 2017.
Casi la mitad de ese costo tiene que ver con las 13.260 muertes atribuibles al consumo de alcohol en un año. Esto corresponde al 13% de todas las muertes ocurridas en el país anualmente.
Para dimensionar el impacto en la salud se estudiaron 40 patologías para las cuales existe consenso internacional de una asociación entre consumo de alcohol y daño a la salud, hecho que reveló que el gasto en esta área alcanza los US$ 673 millones.
Las enfermedades con mayor impacto económico en Chile, asociadas a la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, son los males cardiovasculares, lesiones no intencionales y enfermedades digestivas. Esto, sacando aquellas personas que tienen este tipo de patologías por otras causas, por ejemplo, una persona hipertensa con problemas cardiovasculares.
Además de ello, el alcohol genera impacto en otras áreas como en crímenes y violencia; ausentismo y producción laboral.
“Es impactante que el costo de los daños que genera el consumo de alcohol puede ser hasta ocho veces superior al impuesto específico recaudado por el fisco en esta materia”, señaló a El Mercurio la investigadora a cargo del estudio, Paula Margozzini.
Para el director del Senda, Carlos Charme, la situación del consumo de alcohol en Chile es un problema grave. “Sobre todo, si consideramos lo que nos muestran nuestros estudios de Población General y Población Escolar: entre los adultos, un 46% declara haber consumido alcohol en el último mes; de ellos, el 51% dice haberse embriagado”.
Según Margozzini, la medida más efectiva para reducir la ingesta de alcohol es subir el precio, ya sea fijando un valor mínimo o a través de más impuestos; la regulación de la publicidad, por ejemplo en eventos deportivos, y reducir su disponibilidad, con horarios limitados o menos lugares de venta. Estas son “políticas de gran costo-efectividad”.
Por el contrario, plantea que medidas como la educación a niños y jóvenes o informar a través de etiquetas “no han demostrado ser costo-efectivas como medidas únicas”.
