El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que el Presidente Gabriel Boric aplicaría el veto presidencial en caso de que se apruebe la competencia de la justicia militar en el marco del proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), algo que fue rechazado en la Cámara Baja, pero que la oposición busca reponer en el Senado.

En conversación con Radio Cooperativa, el subsecretario Monsalve recordó que en el año 2010 el expresidente Sebastián Piñera “presenta el proyecto de ley, lo tramita, logra aprobarlo y promulga la ley” que saca a los civiles y a los menores de edad de competencia de los tribunales militares.

De hecho “él valora mucho como un avance democrático la promulgación de la ley”, dijo Monsalve en referencia al Mandatario, por lo que considera “muy extraño que aquello que escribió con la mano el presidente Piñera su sector político hoy día lo esté borrando con el codo”.

Si bien afirmó que “el debate es completamente legítimo”, criticó que luego de que la “la derecha avanzó en sacar en su gobierno a los civiles de las competencias militares y lo consideró un logro, un logro del gobierno del Presidente Piñera”, se produzca este “cambio tan radical de opinión”.

El subsecretario afirmó que la posición del Jefe de Estado “es muy clara cuando ha dicho que en su gobierno no va a haber vuelta a los tribunales militares, que implica que va a usar todas las herramientas que la Constitución le da para impedirlo. Y eso incluye el veto”.

INICIATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Sobre la agenda legislativa en materia de seguridad y su tramitación en el Congreso, explicó que “el diagnóstico inicial del año 2022, a propósito de la violencia, tiene que ver con que el Estado no tenía capacidades estratégicas ni capacidades operativas para enfrentar este tipo de delitos”.

Por eso las leyes propuestas “tienen que ver con construir un Estado que tenga capacidades estratégicas”, entre ellas, las que están actualmente en discusión, que son sistema de Inteligencia, nueva ley antiterrorista, el Ministerio de Seguridad Pública, la ley de infraestructura crítica.

“Todas esas leyes tienen un solo objetivo”, subrayó Monsalve: “Que el Estado chileno tenga capacidades estratégicas que permitan anticiparse y responder de manera eficaz frente a delitos como los que estamos enfrentando”.

También están las capacidades operativas del Estado, “cómo lo enfrenta en la calle en términos concretos, cantidad de policías en las calles, equipamiento, tecnología disponible, formación de esas policías, y eso es muy importante” , precisó.

USO DE ARMAS EN ASPIRANTES A CARABINEROS

En cuanto al proyecto que permite el porte de armas a los aspirantes a carabineros mientras realicen sus prácticas despachado a ley por el Congreso, el subsecretario dijo que eso tiene que ver con “tener más presencia policial y tener más capacidad operativa para implementar las estrategias”.

“El uso de armas y, por lo tanto, el uso de la fuerza que el Estado puede hacer a través de su fuerza de Orden y Seguridad, fuerza legítima por lo demás, es una fuerza que el Estado tiene el deber de usar para proteger la seguridad de la población. Pero, evidentemente, tiene que usarla dentro del marco del Estado de Derecho”, enfatizó, abordando los cuestionamientos a lo que dispone la ley, en cuanto a la preparación que tienen los aspirantes en el manejo de armas de fuego.

En esta línea, remarcó que la ley establece que “previo a la posibilidad de usar la arma tiene que haber certificado en sus prácticas de tiro, dentro de su proceso de formación, las competencias y las habilidades que efectivamente permiten que el Estado le entregue esa arma de fuego para su uso” lo que, a su juicio, “coloca un desafío a la institución”, cuando se “deposita cierta confianza y responsabilidad” en la institución, que “tiene que ser capaz de responder a esa confianza”.

“Eso significa tener un proceso de formación muy riguroso, y además tener protocolos muy rigurosos para el uso de la fuerza. Y yo creo que esas dos cosas tienen que estar en equilibrio”, sostuvo.