El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó este miércoles la prisión preventiva de los 18 imputados por el millonario robo a la sucursal de la empresa de valores Brinks, cometido el viernes pasado en la capital de la Región de OHiggins.
En su resolución, la jueza Jéssica Bascuñán argumentó que “el tribunal estima que la cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público resulta proporcional y justificada respecto de todos los imputados”.
En ese sentido, la magistrada expresó que la libertad de los acusados es “peligrosa para la seguridad de la sociedad”, por lo cual decretó la cuatelar más gravosa del sistema penal. Asimismo, dio un plazo de ocho meses para el cierre de la investigación.
De esta manera, la jueza acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de O’Higgins, que imputó los delitos de robo con intimidación, asociación criminal, porte de arma prohibida, siete ilícitos de incendio, porte de elementos incendiarios y nueve delitos de receptación de vehículos.
Este martes, en la primera jornada de formalización, se dio a conocer que la banda habría sustraído cerca de 12 mil millones de pesos. Además, se reveló que una de las armas incautadas fue utilizada en 2022 en el ataque a la exministra del Interior, Izkia Siches en Temucuicui.
GIRO EN EL CASO
El caso dio un giro después de que el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció que abrirá una indagatoria penal contra la PDI por omisión de denuncia y obstrucción de la investigación, tras revelarse que la policía civil tenía antecedentes sobre el asalto a la sucursal Brinks en Rancagua.
Cubillos señaló este martes que “hemos tomado conocimiento de este hecho, a través del comunicado que ha hecho la PDI”. Según la policía civil, un detective recibió información sobre un posible robo que podría afectar a una empresa de valores en la zona, lo que se concretó mientras se verificaba el dato.
Al respecto, el fiscal subrayó que no habían recibido información por parte de la Policía de Investigaciones de que “ellos tuvieran antecedentes respecto de la perpetración de este delito. Sin duda nos sorprende la información”.
Añadió que la fiscalía regional recibió los antecedentes mencionados por la PDI alrededor de las 18:30 horas y que se han decretado una serie de diligencias a partir de esos antecedentes.
PREFECTO LLAMADO A RETIRO
Posteriormente, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, llamó a retiro al prefecto provincial de Cachapoal, Álex Zúñiga Castañeda, por no informar oportunamente a la Fiscalía Regional de O’Higgins los antecedentes que manejaba sobre la preparación de un robo a una empresa de valores de Rancagua, lo que se concretó en el caso de la sucursal Brinks.
El subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, prefecto general Hugo Haeger, explicó anoche que el jueves 16, un día antes del robo, “un detective de la dotación de la Región Policial del Libertador Bernardo O´Higgins recibió antecedentes relacionados a un eventual delito robo que afectaría a otra empresa de valores ubicada en la misma ciudad de Rancagua”.
Añadió que “en este contexto, esta información fue canalizada al entonces prefecto provincial de Cachapoal, cuya ponderación, análisis y caracterización fue desatendida por éste, lo que dilató su canalización al Ministerio Público”.
“Frente a lo anterior, y consecuentes con los altos estándares que se exigen a cada funcionario de la PDI, el director general Eduardo Cerna llamó a retiro inmediato al prefecto provincial de Cachapoal por su eventual responsabilidad en la dilación de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público, instruyéndose además la apertura de un sumario administrativo, para esclarecer fehacientemente las causas y circunstancias de estos hechos”, agregó Haeger.
Robo a Brinks de Rancagua: Tribunal decreta prisión preventiva para los 18 imputados
La jueza Jéssica Bascuñán sostuvo que “el tribunal estima que la cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público resulta proporcional y justificada respecto de todos los imputados”. Añadió que la libertad de los acusados es “peligrosa para la seguridad de la sociedad”, por lo cual decretó la cuatelar más gravosa del sistema penal. Asimismo, dio un plazo de ocho meses para el cierre de la investigación.
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Texto: Aton/Foto: Aton