La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad la decisión de revocar la prisión preventiva que había decretado el Segundo Tribunal de Garantía de Santiago en contra del cabo de Carabineros Carlos Soto, imputado junto a otros efectivos de la 21ª Comisaría de Estación Central por torturas y apremios ilegítimos en contra de personas detenidas.
En tanto, al capitán Cristian Almuna, formalizado por permitir estos actos ilegales de sus subalternos con los detenidos, también se le bajó la intensidad de la medida cautelar, por la de arresto domiciliario nocturno. Su defensa fue asumida por un abogado privado.
De esta manera, los ministros Juan Cristóbal Mera (presidente) y Sergio Padilla, junto a la abogada integrante Paola Herrera, acogieron el planteamiento del abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), Rodrigo Barrera, en cuanto a que su defendido, el cabo Soto, subalterno de los otros uniformados detenidos, no está imputado por el delito de tortura.
Explicó que en caso de que se le acredite participación, a él se le imputa el delito de apremios ilegítimos, que tiene una penalidad menor.
En consecuencia, agregó, tratándose además de una persona con irreprochable conducta anterior, la necesidad de cautela no requiere ser tan intensa, y por consiguiente, la privación de libertad resulta excesiva.
También cuestionó la imputación del fiscal Francisco Ledezma en cuanto a que, como responsable del cuidado de un perro policial, el imputado haya hecho que el can mordiera premeditadamente a un detenido.
En definitiva al cabo Soto se le decretó arraigo nacional y firma mensual ante la fiscalía.
Los tres carabineros restantes en prisión preventiva, a cargo de defensas privadas, tuvieron distinta suerte con las apelaciones.
El subteniente Carlos Leal se desistió del recurso y las apelaciones de los tenientes Carlos Calderón y Luis Vásquez fueron rechazadas. Todos ellos están imputados por tortura y apremios ilegítimos y continuarán en prisión preventiva.
En total, son 12 carabineros imputados por esta causa.
En tanto, al capitán Cristian Almuna, formalizado por permitir estos actos ilegales de sus subalternos con los detenidos, también se le bajó la intensidad de la medida cautelar, por la de arresto domiciliario nocturno. Su defensa fue asumida por un abogado privado.
De esta manera, los ministros Juan Cristóbal Mera (presidente) y Sergio Padilla, junto a la abogada integrante Paola Herrera, acogieron el planteamiento del abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), Rodrigo Barrera, en cuanto a que su defendido, el cabo Soto, subalterno de los otros uniformados detenidos, no está imputado por el delito de tortura.
Explicó que en caso de que se le acredite participación, a él se le imputa el delito de apremios ilegítimos, que tiene una penalidad menor.
En consecuencia, agregó, tratándose además de una persona con irreprochable conducta anterior, la necesidad de cautela no requiere ser tan intensa, y por consiguiente, la privación de libertad resulta excesiva.
También cuestionó la imputación del fiscal Francisco Ledezma en cuanto a que, como responsable del cuidado de un perro policial, el imputado haya hecho que el can mordiera premeditadamente a un detenido.
En definitiva al cabo Soto se le decretó arraigo nacional y firma mensual ante la fiscalía.
Los tres carabineros restantes en prisión preventiva, a cargo de defensas privadas, tuvieron distinta suerte con las apelaciones.
El subteniente Carlos Leal se desistió del recurso y las apelaciones de los tenientes Carlos Calderón y Luis Vásquez fueron rechazadas. Todos ellos están imputados por tortura y apremios ilegítimos y continuarán en prisión preventiva.
En total, son 12 carabineros imputados por esta causa.
