Según cifras entregadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a la Cámara de Diputados, en 2023, más de 6 mil inmuebles fiscales se encontraban ocupados de forma irregular.

El reporte también da cuenta que del total de propiedades del Fisco que fueron “tomadas”, solo el 3,9% de estas fueron llevadas a la justicia.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el informe entregado por el organismo encabezado por la ministra Marcela Sandoval fue enviado a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara, donde se informaron las medidas que se han tomado para recuperar dichos espacios. Para lograr aquello, el ministerio expone en su reporte que cuenta con un programa especialmente destinado.

Bienes Nacionales, según da cuenta el escrito enviado al Congreso, distingue dos tipos de ocupación: el primero es “ocupación ilegal” y corresponde a las denominadas tomas; mientras que una segunda caracterización es la “ocupación irregular”, la cual se define como personas -o instituciones- que tenían una propiedad fiscal de origen legítimo, pero que posteriormente venció o caducó y el lugar nunca fue devuelto al Estado.

Considerando esa diferenciación y el programa especial del ministerio para revertir aquello, el organismo informó que aplica dos tipos de acciones para recuperar los inmuebles fiscales ocupados irregular o ilegalmente: unas son acciones de “normalización” administrativa; y la otra de “gestión”, cuando se derivan los antecedentes, ya sea a las delegaciones para que ejecuten los desalojos o bien al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

VACÍO LEGAL

De los dos mecanismos, según da cuenta el informe del ministerio reproducido por La Tercera, “las solicitudes de restitución administrativa son el principal mecanismo por el cual el MBN ha requerido el desalojo de los inmuebles fiscales ocupados ilegalmente”. Eso, continúa, por “sobre las acciones judiciales, siendo estas reservadas principalmente para enfrentar las ocupaciones irregulares”.

Aquello sería parte de la explicación de que durante 2023 se detectaran 6.305 inmuebles, aproximadamente, que fueron afectados por una ocupación ilegal o irregular. De estos, 248 casos fueron judicializados, “un porcentaje bajo, equivalente al 3,9% del total”, sostiene el informe. De todas esas acciones judiciales, la mayoría de ellas –95- corresponde a un procedimiento civil, 85 sumarios civil, 37 penal-oral y 31 ejecutivo.

El bajo porcentaje de judicialización de los casos se debe a que “el MBN carece de la facultad directa de demandar judicialmente a los ocupantes ilegales e irregulares de inmuebles fiscales”.

Este procedimiento que se debe realizar a través del CDE, el que por ley tiene la defensa judicial de los intereses del Estado, sostiene el informe del gobierno.

Pese a eso, agregan que “dicha interposición puede tomar tiempo, toda vez que existe un periodo de análisis de la solicitud formulada por el MBN, en el cual el CDE puede requerir antecedentes adicionales, además de iniciar las gestiones respectivas para arribar a acuerdos extrajudiciales con los ocupantes”.

Pese a la complejidad, durante el primer semestre de este año ya se han resuelto tres casos judiciales. A estos se suman otros nueve casos que fueron notificados o certificados en favor del Estado, pero que se resolvieron desde 2021 en adelante.