El viernes pasado llegaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados los resultados de los test de drogas. Para esta instancia fueron testeados 78 parlamentarios, en el primer proceso de aplicación del nuevo reglamento que implica tomar estas mediciones.

Será el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, quien dará a conocer la información final de los exámenes a los jefes de bancada.

Los diputados que arrojen positivo en el examen pasarán a la Comisión de Ética y deberán transparentar sus cuentas bancarias para despejar cualquier nexo con el narcotráfico. Los resultados se harían públicos en el transcurso de la semana, ya que en primera instancia se informará a los propios diputados y luego a la prensa.

Sin embargo, esta noticia podría no darse ya que días después del primer sorteo, cinco diputadas de Apruebo Dignidad (Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardía) presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso acusando que la nueva norma vulneraba derechos fundamentales como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

Al respecto, piden que “la dictación de la ley correspondiente que regule el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y a las diputadas en ejercicio con pleno respeto de los derechos que emanan de la función parlamentaria y de su persona o, en su defecto, se retrotraiga el procedimiento”.

En esa oportunidad, la parlamentaria Ana María Gazmuri (Independiente) mencionó que “esto dio como resultado un muy mal reglamento, pero que incluso así ese mal reglamento ha sido vulnerado en su instalación”.

“Sin ir más lejos; el haber leído a viva voz en el hemiciclo los nombres de la mitad de los primeros parlamentarios que salieron sorteados, eso vulnera el numeral 1 del artículo 6 del propio reglamento. Más allá de que la concepción, la forma en que está planteado este propio reglamento, que vulnera el derecho a la vida privada; a la intimidad; a la ley de derechos y deberes del paciente, que eso es lo más importante, tiene además en su implementación muchos muchos fallos”, ratificó Gazmuri.