Mucho se ha conversado y escrito durante los últimos días sobre si lo planteado por el Gobierno en el proyecto de modernización tributaria corresponde a una modernización o incorpora elementos que puedan ser considerados como reforma propiamente tal. Al parecer, la diferencia que se pretende otorgar a los conceptos de modernización o reforma es algo meramente semántico, esto debido a que en realidad lo importante sería evaluar si los cambios se justifican a tan poco tiempo de haber operado el nuevo sistema 2017-2018 y si los cambios pueden ser rápidamente absorbidos por el mercado, en el contexto de quienes operarán el sistema y las empresas en general.
Frente a las interrogantes planteadas, es relevante recordar que todos los cambios que se han venido efectuando desde la reforma de 1984, e incluso con modificaciones del año 1979, han ido dejando rezagos en el sistema que de una forma u otra tienen efectos sobre el actual. Así es como contadores, abogados y otros profesionales que trabajan en el área, tienen que capacitarse profundamente sobre el desarrollo tributario de los últimos 35 años con el objeto de prestar una asesoría adecuada.
Es un tema de discusión en la preparación de nuevos profesionales que se desarrollarán en el área, en las escuelas de pregrado de las distintas universidades. Incluso se discute acerca de si solo se incorpora en sus mallas curriculares los elementos actuales o si como profesionales se les dota del conocimiento total para poder asesorar a las empresas en las cuales trabajarán. Lo anterior más que como un problema universitario o bien de los profesionales que trabajan en el área, deja al descubierto la fragilidad con que las empresas determinan sus impuestos, lo que naturalmente puede y genera errores involuntarios, así como los elevados costos en que las empresas deben incurrir para cumplir con la obligación del pago de los tributos.
En virtud de lo anterior, sería importante primero destacar que no es saludable para la actividad empresarial ni para aquellos que asesoran a las empresas en estas materias, que cada gobierno realice reformas tributarias, modificaciones o simples ajustes en la medida que cada cambio vaya dejando una condición suspensiva sobre situaciones ya ocurridas. Esto último considerando que en los últimos años han habido modificaciones importantes como las de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, 2017 pretendiéndose ahora incorporar nuevos cambios.
Podrá argumentarse que son modificaciones para renovar, mejorar o incluso actualizar el sistema a los tiempos actuales, lo cierto es que técnicamente el país no ha alcanzado a asimilar los cambios. Como prueba de lo anterior, pudiera revisarse la discusión en medios generada en marzo y abril pasado donde los distintos gremios o actores del sistema empresarial pedían que se otorgara mayor plazo para proveer la información de la declaración anual de impuestos. Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII) iba dando mayores plazos a través de la página de internet, Twitter y otras redes sociales, algo nunca antes observado en el formal mundo de los impuestos.
Frente a todo lo sucedido y frente a los cambios que infaliblemente ocurrirán en las próximas administraciones, es momento que algún gobierno realice cambios de fondo y no meramente formales en cuanto a ajustes a los sistemas existentes y de esta forma se incorpore un sistema que acompañe realmente por los próximos años. Un nuevo sistema que pueda sufrir mejoras, incluso ajustes constantes dependiendo de los distintos estados de la economía nacional y mundial pero claro, considerando y evaluando dejar al lado todas las modificaciones que han afectado el actual sistema ya desde el año 1979. Es el momento que los cambios se realicen en el fondo de la norma y que el país cuente con un nuevo sistema tributario que permita modificaciones tributarias sin que por eso se afecte el equilibrio de las empresas.
Con una expresión cotidiana, aunque quizás poco académica y técnica, la idea pudiera acuñarse con la expresión partir desde cero.
. Javier Jaque López, director Magíster en Tributación Universidad de Chile; socio Jaque Orellana & Asociados.