*Por Alfonso De Urresti
Como legislador estoy convencido que el paso que dimos al aprobar la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales fue histórico.
Esta ley, tramitada por dos años y medio en el Congreso, no busca obligar ni imponer una visión. Sólo otorga a las mujeres que estén dentro de tres causales absolutamente extremas, la oportunidad para que en un momento tan difícil y complejo puedan decidir abortar sin recibir un castigo por ello.
En la última semana hemos escuchado y leído una intensa discusión a propósito de la impugnación que realizara el TC al estatuto de Objeción de Conciencia del proyecto, que autorizaba dicha situación al médico cirujano y el equipo médico. Esto ha dejado en la duda cuál es el sentido de dicha impugnación, que podría ampliarse a instituciones.
Y ahí quiero ser muy preciso: como miembro de la comisión de Constitución, presenté una indicación en el sentido que la objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso puede ser invocada por una institución.
Creo absolutamente necesario que el proyecto, aprobado por ambas cámaras, no deje abierta la posibilidad que una prestación realizada en un establecimiento de salud público o que recibe financiamiento público, quede sujeta a la creencia individual de un funcionario, avalando de esta forma la capacidad de negarse a realizar una atención de esta naturaleza a una ciudadana chilena. Nuestra legislación debe asegurar que la prestación se realice para las mujeres que recurran a los servicios de salud que reciben recursos públicos.
Declaraciones como las efectuadas por el rector de la Universidad Católica, -muy respetable por su creencia individual- no pueden constituirse en una posición institucional que vaya en contra de una ley de la república en un Estado Laico.
*Alfonso De Urresti es Senador y Jefe de Bancada del Partido Socialista.
Como legislador estoy convencido que el paso que dimos al aprobar la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales fue histórico.
Esta ley, tramitada por dos años y medio en el Congreso, no busca obligar ni imponer una visión. Sólo otorga a las mujeres que estén dentro de tres causales absolutamente extremas, la oportunidad para que en un momento tan difícil y complejo puedan decidir abortar sin recibir un castigo por ello.
En la última semana hemos escuchado y leído una intensa discusión a propósito de la impugnación que realizara el TC al estatuto de Objeción de Conciencia del proyecto, que autorizaba dicha situación al médico cirujano y el equipo médico. Esto ha dejado en la duda cuál es el sentido de dicha impugnación, que podría ampliarse a instituciones.
Y ahí quiero ser muy preciso: como miembro de la comisión de Constitución, presenté una indicación en el sentido que la objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso puede ser invocada por una institución.
Creo absolutamente necesario que el proyecto, aprobado por ambas cámaras, no deje abierta la posibilidad que una prestación realizada en un establecimiento de salud público o que recibe financiamiento público, quede sujeta a la creencia individual de un funcionario, avalando de esta forma la capacidad de negarse a realizar una atención de esta naturaleza a una ciudadana chilena. Nuestra legislación debe asegurar que la prestación se realice para las mujeres que recurran a los servicios de salud que reciben recursos públicos.
Declaraciones como las efectuadas por el rector de la Universidad Católica, -muy respetable por su creencia individual- no pueden constituirse en una posición institucional que vaya en contra de una ley de la república en un Estado Laico.
*Alfonso De Urresti es Senador y Jefe de Bancada del Partido Socialista. 
