La Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), encabezada por Juan Montenegro, realizó una presentación ante la Contraloría General de la República para que la entidad investigue y se pronuncie sobre la legalidad y los vicios de forma que tuvo el proceso de subasta del jurel por 50 mil toneladas, que se llevó a cabo a fines del año 2017, por parte de la Subsecretaría de Pesca.
A ojos del dirigente, la licitación más importante desde la aprobación de la Ley de Pesca y que buscaba abrir el mercado pesquero, “no logró su objetivo. Por una parte se concentró en una gran industria, Orizon con el 36% del recurso; y por otra al analizar el proceso se observan vicios legales y administrativos que implicaron, por ejemplo contacto con algunos oferentes por parte de la Subsecretaría de Pesca, tal como lo informó la prensa y por otro, a pesar de que hubo una gran presencia de funcionarios públicos y un notario público, se extraviaron 50 sobres con ofertas que habían ingresado al sistema”, indicó Montenegro.
Dentro de los puntos que destaca la presentación ante el ente contralor, ya el 3 de noviembre de 2017, a través de la prensa se indica que “el 30 de octubre la Subsecretaría de Pesca inició el contacto con distintas compañías y otros actores incumbentes, como pymes, para la licitación de dicho recurso en distintas regiones del país, cuyo resultado se conocerá entre los días 4 y el 6 de diciembre”. Situación que implica “indicios de privilegios para los actores incumbentes, por sobre los actores que desearen participar de dicha licitación, al reunirse la Subsecretaría en forma anticipada, entregando información privilegiada”, detalla la presentación de Fetrapes.
Hay que recordar que esta licitación recién fue oficializada por Resolución Exenta N° 3603 del 8 de noviembre y publicada en el Diario Oficial nueve días después.
A este punto hay que sumar que no hay claridad que se hayan publicado las bases de licitación de la cuota LTP clase B de la pesquería jurel XV, II, III, IV, V, XIV-X Regiones, y “si se publicó porqué medio y en qué fecha”, para que nuevos actores tuvieran conocimiento a tiempo de la iniciativa.
Lamentablemente, en una situación que es investigada en la actualidad, en el proceso no fueron considerados 50 sobres que fueron encontrados después de la apertura, y que estaban válidamente ingresados a Subpesca. Esto implicó que la Subsecretaría invalidara parcialmente la licitación.
“Es inconcebible que una repartición pública cometa un ‘error’ de esta naturaleza. Es altamente sospechoso como se dieron los hechos, y que una licitación termine concentrando más que abriendo el mercado, esto debe ser investigado hasta el fondo y espero que la Contraloría esté a la altura”, puntualizó el presidente de Fetrapes.
A ojos del dirigente, la licitación más importante desde la aprobación de la Ley de Pesca y que buscaba abrir el mercado pesquero, “no logró su objetivo. Por una parte se concentró en una gran industria, Orizon con el 36% del recurso; y por otra al analizar el proceso se observan vicios legales y administrativos que implicaron, por ejemplo contacto con algunos oferentes por parte de la Subsecretaría de Pesca, tal como lo informó la prensa y por otro, a pesar de que hubo una gran presencia de funcionarios públicos y un notario público, se extraviaron 50 sobres con ofertas que habían ingresado al sistema”, indicó Montenegro.
Dentro de los puntos que destaca la presentación ante el ente contralor, ya el 3 de noviembre de 2017, a través de la prensa se indica que “el 30 de octubre la Subsecretaría de Pesca inició el contacto con distintas compañías y otros actores incumbentes, como pymes, para la licitación de dicho recurso en distintas regiones del país, cuyo resultado se conocerá entre los días 4 y el 6 de diciembre”. Situación que implica “indicios de privilegios para los actores incumbentes, por sobre los actores que desearen participar de dicha licitación, al reunirse la Subsecretaría en forma anticipada, entregando información privilegiada”, detalla la presentación de Fetrapes.
Hay que recordar que esta licitación recién fue oficializada por Resolución Exenta N° 3603 del 8 de noviembre y publicada en el Diario Oficial nueve días después.
A este punto hay que sumar que no hay claridad que se hayan publicado las bases de licitación de la cuota LTP clase B de la pesquería jurel XV, II, III, IV, V, XIV-X Regiones, y “si se publicó porqué medio y en qué fecha”, para que nuevos actores tuvieran conocimiento a tiempo de la iniciativa.
LOS SOBRES PERDIDOS
El 15 de diciembre en dependencias de la Subsecretaría de Pesca en Valparaíso, ante el notario público Marcos Díaz León, y con la participación de al menos 9 funcionarios desde el jefe de la división jurídica hasta un representante de la Oficina de Partes y Archivo, se inició la apertura de sobre, proceso que se extendió hasta el 21 de ese mes con la evaluaciones económicas de los oferentes y sobres desempate con antecedentes administrativos de subasta.Lamentablemente, en una situación que es investigada en la actualidad, en el proceso no fueron considerados 50 sobres que fueron encontrados después de la apertura, y que estaban válidamente ingresados a Subpesca. Esto implicó que la Subsecretaría invalidara parcialmente la licitación.
“Es inconcebible que una repartición pública cometa un ‘error’ de esta naturaleza. Es altamente sospechoso como se dieron los hechos, y que una licitación termine concentrando más que abriendo el mercado, esto debe ser investigado hasta el fondo y espero que la Contraloría esté a la altura”, puntualizó el presidente de Fetrapes.
