El lunes, a través de la prensa, se dieron a conocer cifras respecto a la penetración de Uber y Cabify en los últimos años en relación a la oferta de transporte público y su implicancia en las cifras de empleo.
Según datos del Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros, la cantidad de conductores suscritos en ambas plataformas superan los 95 mil, lo que es más del doble del números de taxis básicos, de turismo y ejecutivos en el país. Del total, cerca del 34% de los choferes se dedica a tiempo completo a conducir.
Otra cifra a destacar tiene que ver con la implicancia de este trabajo en los balances de tasa de desocupación. Los que trabajan en Uber y Cabify representan el 1,13% de los ocupados y un 5,3% de los trabajadores por cuenta propia.
Estos datos son entregados en el marco de que aún permanece en el Congreso el proyecto de ley que busca regularizar la operación de estas aplicaciones.
Para el diputado DC Mario Venegas, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja, el hecho de que aún no salga la ley no tiene relación con no querer perjudicar la tasa de desocupación, especialmente durante el gobierno de Michelle Bachelet. “Nada que ver. Le puedo asegurar absolutamente de que si hay algún responsable de la demora en la tramitación de este proyecto de ley son, en primer lugar, los parlamentarios y, en segundo lugar, los gremios que tienen diferencias muy sustantivas respecto de lo que quieren unos, que va desde los que dicen que hay que regular esto y que hay que poner exigencias similares a los que tienen los taxistas, hasta lo que dicen que no hay que autorizar a nadie. Esas presiones y acciones que realizaron distintos gremios con el gobierno y con el parlamento ralentizaron el proceso”, declaró a La Nación.
Sin embargo, aclaró que una vez que esta ley entre en vigencia, sin duda que repercutirá en el número de conductores de estas aplicaciones, porque “lo que hace el proyecto es establecer un número de autorizaciones que va a conceder el Ministerio de Transporte a partir de la ley y, en particular, de la realidad de cada una de las ciudades y regiones”.
“El modelo apunta a no dejar libre que cualquiera pueda hacer esto, sino que el Ministerio de Transporte, previo un informe del panel de expertos más un informe de los seremi de Transporte de las respectivas regiones, determinará un número de permisos para estos efectos y establecerá las condiciones que deben tener los vehículos para poder operar con estas plataformas”, agregó.
Es por eso que, ese número de conductores de estas aplicaciones que sobrepasa los 90 mil va a bajar considerablemente.
Para el parlamentario, en este tema lo importante es que “todos quienes estén autorizados van a tener un trabajo que les permita sostener a sus familias…, no van a estar precarizados como lo están actualmente, ya que con este aumento explosivo de la oferta los que salen a trabajar cada vez ganan menos dinero y esto les pasa también a los conductores de Uber”.
Jackson también señala que la demora de la ley no tiene nada que ver con perjudicar la tasa de desocupación. “Hay que regular un montón de cosas que tienen que ver con el mundo del trabajo, pero eso no es solamente en el ámbito del empleo, sino que también las condiciones del transporte público y cómo esto puede empeorar, por lo tanto hay que conjugar una serie de factores. Si fuera por aumentar el empleo, entonces también podría haber una propuesta de disminuir el sueldo mínimo a la mitad y seguro que va a aumentar el empleo, pero no es una propuesta razonable ni viable”, explicó.
Pero, ¿qué tanto afectaría a la tasa de desocupación que parte de estos conductores abandonen esta labor? El economista y académico de la Universidad Mayor, Tomás Flores, afirmó a La Nación que “los cerca de 100 mil ocupados por cuenta propia son cerca de un punto porcentual en la tasa de desocupación, lo que es una cifra importante”.
Sin embargo, el experto aclaró que la disminución de choferes de Uber y Cabify que el proyecto de ley está planteando no afectaría el índice de desempleo, porque “se espera que en los próximos meses y años el crecimiento económico de Chile repunte notablemente y esto implicaría que muchos de estos conductores que trabajan en estas aplicaciones, la mayoría profesionales y que no podían encontrar pega en sus especialidades, vuelvan a conseguir trabajo formal, gracias a una mayor oferta de trabajo”.
Según datos del Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros, la cantidad de conductores suscritos en ambas plataformas superan los 95 mil, lo que es más del doble del números de taxis básicos, de turismo y ejecutivos en el país. Del total, cerca del 34% de los choferes se dedica a tiempo completo a conducir.
Otra cifra a destacar tiene que ver con la implicancia de este trabajo en los balances de tasa de desocupación. Los que trabajan en Uber y Cabify representan el 1,13% de los ocupados y un 5,3% de los trabajadores por cuenta propia.
Estos datos son entregados en el marco de que aún permanece en el Congreso el proyecto de ley que busca regularizar la operación de estas aplicaciones.
Para el diputado DC Mario Venegas, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja, el hecho de que aún no salga la ley no tiene relación con no querer perjudicar la tasa de desocupación, especialmente durante el gobierno de Michelle Bachelet. “Nada que ver. Le puedo asegurar absolutamente de que si hay algún responsable de la demora en la tramitación de este proyecto de ley son, en primer lugar, los parlamentarios y, en segundo lugar, los gremios que tienen diferencias muy sustantivas respecto de lo que quieren unos, que va desde los que dicen que hay que regular esto y que hay que poner exigencias similares a los que tienen los taxistas, hasta lo que dicen que no hay que autorizar a nadie. Esas presiones y acciones que realizaron distintos gremios con el gobierno y con el parlamento ralentizaron el proceso”, declaró a La Nación.
Sin embargo, aclaró que una vez que esta ley entre en vigencia, sin duda que repercutirá en el número de conductores de estas aplicaciones, porque “lo que hace el proyecto es establecer un número de autorizaciones que va a conceder el Ministerio de Transporte a partir de la ley y, en particular, de la realidad de cada una de las ciudades y regiones”.
“El modelo apunta a no dejar libre que cualquiera pueda hacer esto, sino que el Ministerio de Transporte, previo un informe del panel de expertos más un informe de los seremi de Transporte de las respectivas regiones, determinará un número de permisos para estos efectos y establecerá las condiciones que deben tener los vehículos para poder operar con estas plataformas”, agregó.
Es por eso que, ese número de conductores de estas aplicaciones que sobrepasa los 90 mil va a bajar considerablemente.
EVITAR TRABAJOS PRECARIZADOS
El diputado Giorgio Jackson (RD), miembro también de la Comisión de Transporte, manifestó a La Nación que “el proyecto se ha demorado, principalmente, porque la propuesta inicial del Gobierno no tenía ninguna viabilidad política. Hubo movilizaciones de parte de los taxistas y también hubo críticas de parte de los expertos, por lo tanto se tuvo que llegar a un nuevo equilibrio y ese equilibrio no ha sido fácil de tramitar en la Cámara de Diputados”.Para el parlamentario, en este tema lo importante es que “todos quienes estén autorizados van a tener un trabajo que les permita sostener a sus familias…, no van a estar precarizados como lo están actualmente, ya que con este aumento explosivo de la oferta los que salen a trabajar cada vez ganan menos dinero y esto les pasa también a los conductores de Uber”.
Jackson también señala que la demora de la ley no tiene nada que ver con perjudicar la tasa de desocupación. “Hay que regular un montón de cosas que tienen que ver con el mundo del trabajo, pero eso no es solamente en el ámbito del empleo, sino que también las condiciones del transporte público y cómo esto puede empeorar, por lo tanto hay que conjugar una serie de factores. Si fuera por aumentar el empleo, entonces también podría haber una propuesta de disminuir el sueldo mínimo a la mitad y seguro que va a aumentar el empleo, pero no es una propuesta razonable ni viable”, explicó.
Pero, ¿qué tanto afectaría a la tasa de desocupación que parte de estos conductores abandonen esta labor? El economista y académico de la Universidad Mayor, Tomás Flores, afirmó a La Nación que “los cerca de 100 mil ocupados por cuenta propia son cerca de un punto porcentual en la tasa de desocupación, lo que es una cifra importante”.
Sin embargo, el experto aclaró que la disminución de choferes de Uber y Cabify que el proyecto de ley está planteando no afectaría el índice de desempleo, porque “se espera que en los próximos meses y años el crecimiento económico de Chile repunte notablemente y esto implicaría que muchos de estos conductores que trabajan en estas aplicaciones, la mayoría profesionales y que no podían encontrar pega en sus especialidades, vuelvan a conseguir trabajo formal, gracias a una mayor oferta de trabajo”.
