El Pasado 23 de mayo se cumplió el primer hito en el proceso de regularización migratoria impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera que, en base a sus propias palabras, pretende poner “orden” en el ingreso de personas extranjeras a Chile.

Ante el vencimiento de este plazo han surgido nuevas interrogantes sobre cómo se llevará a cabo la expulsión de aquellos extranjeros que no se inscribieron e ingresaron a Chile irregularmente.

Según datos del Ministerio del Interior, a la fecha se han regularizado poco más de 125 mil extranjeros y aún quedan 60 días para que se puedan ingresar a este proceso los extranjeros que tienen visa vencida o en trámite o un proceso de reconsideración aún vigente.

A pesar del número no menor de extranjeros que se ha inscrito, las cifras son inferiores a lo que esperaban las autoridades. Incluso en lugares como Antofagasta las cifras son escasas aún más si se tiene en cuenta con la cantidad de población migrante que ahí reside.

María Soledad Torres, abogada, ex diplomática y experta en temas de migración y socia directora de Legal Global (www.legalglobal.cl), empresa dedicada a la asesoría y apoyo legal a inmigrantes, asegura sobre el hecho de no haber alcanzado la cifra estimada que “lamentablemente las informaciones entregadas durante el proceso han generado resquemor y dudas sobre el verdadero fin del proceso. Se estima que más que una regularización es un catastro de los extranjeros y nadie sabe a ciencia cierta cuál será la real dimensión de lo que pase vencido el plazo”.

Además, señala que las declaraciones de prensa de las diferentes autoridades son captadas como que se impondrán sanciones de deportación inmediata, lo que actualmente con las leyes vigentes en materia de extranjería no es posible. “Al efecto, actualmente el DL 1094 del año 1975 que contiene la normativa aplicable a extranjería, así como su reglamento del año 1984, que se encuentran plenamente vigentes, contienen las causales, procedimientos y sanciones para expulsar de extranjeros que ingresaron irregularmente o están con su visa vencida por lo que la forma como se decreta la expulsión hasta hoy sigue igual. Nada ha cambiado”.

Sin embargo, la abogada aclara que nuestro ordenamiento jurídico contiene recursos, tanto administrativos como judiciales, para que las personas que se encuentran con una orden de expulsión vigente pueden utilizar y solicitar que esta quede sin efecto.

Actualmente, las reconsideraciones administrativas y el recurso de amparo son los más utilizados. No obstante, recomienda que si van a utilizarlos sean asesorados por gente especializada en la materia, verificando sus credenciales antes de tomar una decisión.