- Por Fabiola Barrenechea Riveros
En dicha modificación se autoriza la reducción del cumplimiento de metas que debían estar finalizadas para el 2016, se redujeron indicadores y se eliminaron algunas metas que no pudieron ser cumplidas.
Bajo este concepto, es esperable entonces que cada vez que un instrumento público no pueda ser cumplido, se autorice su modificación para reducir o eliminar metas que favorezcan los indicadores y perjudiquen a todos los habitantes de nuestro país.
Este acto deja en claro que la prevención, preparación y respuesta frente a los desastres no es una prioridad en la agenda política. En junio del 2017, este plan sólo presentaba un 28% de cumplimiento del 100% que debía estar para esa fecha.
Bajar las exigencias de los instrumentos públicos que fueron elaborados en coordinación con otros Servicios Públicos no es una buena señal. Se acerca el invierno y las lluvias “poco frecuentes”, con altas intensidades y temperaturas por sobre la media, volverán a afectar a la zona cordillerana de nuestro país ocasionando inundaciones, aluviones y deslizamientos.
Saldrán entonces las autoridades diciendo que ese será un “fenómeno poco común y que el cambio climático llegó para quedarse”, pero en términos simples eso quiere decir que nuevamente nuestra institucionalidad no se encuentra preparada para hacer frente a la realidad geográfica de nuestro territorio.
De acuerdo al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, la temperatura experimentará un progresivo aumento en los valles y cordillera, el que podría llegar hasta 2°C por sobre la media.
Con esta alza, las cuencas hidrográficas recibirán más precipitaciones en estado líquido, aumentando sus coeficientes de escorrentía. Es decir, el riesgo de aluvión será cada vez mayor.
Por otro lado, el mismo documento informa que las precipitaciones aumentarán en la zona norte entre un 20% y 40%, zona que no se encuentra preparada para recibir estas precipitaciones.
Todo lo anterior podría ocasionar que para el año 2100 el país podría perder anualmente el 1.1% del PIB anual por las pérdidas ambientales, sociales y económicas de los desastres (lo que equivale a USD 3.500 millones).
Lo mismo es corroborado por el Global AssessmentReport (GAR) de Naciones Unidas, donde se detalla que Chile pierde cada año entre alrededor de USD 3.300 millones por múltiples amenazas (inundaciones, terremotos, aluviones, entre otras). Lo que resulta paradójico de todo esto, es que está demostrado por Naciones Unidas que por cada dólar invertido, se ahorran 7 en respuesta.
Otro instrumento que sirve para medir los avances de los países en materia de Reducción de Riesgo de Desastres es el Índice de Gobernabilidad en Riesgo de Desastres (IGOPP) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
En él se evalúan seis aspectos: el marco general de gobernabilidad para la Gestión de Riesgo de Desastres, la identificación del riesgo, la reducción del riesgo, la preparación para la respuesta, la planificación de la recuperación y la protección financiera.
En una evaluación que va desde 0 a 100%, Chile se sitúa con una calificación de 28.57%, distando mucho de México (62.21%), Colombia (58.10%) y Perú (51.66%). Vale decir, tenemos un desarrollo incipiente en materia de Gestión de Riesgo de Desastres.
Aun así, ocho años lleva en el parlamento el proyecto de ley que modifica la actual Onemi y crea el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia. Con estos antecedentes a la vista cabe preguntarse entonces ¿por qué este proyecto no ha sido una prioridad para el Estado? ¿Qué debe ocurrir para que las autoridades tomen realmente conciencia de que este tema no es una opción si no algo obligatorio de gestionar?
Tenemos volcanes con inminente actividad, un historial de terremotos y un invierno que de seguro traerá inundaciones y aluviones, pero al parecer, todo esto aún no basta para que las autoridades políticas tomen conciencia del riesgo que significa habitar en Chile.
Es de esperar que las nuevas autoridades posicionen la Gestión del Riesgo de Desastres en el lugar que se merece, materializando la creación de un servicio que este a la altura de las circunstancias, suprimiendo las improvisaciones.
- Por Fabiola Barrenechea Riveros Directora Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres de la Universidad Bernardo O’ Higgins
