Mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, los ciudadanos de Puerto Rico votaron este domingo en un referéndum no vinculante donde se les consultó si desean que el país se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, si prefieren que obtenga la independencia definitiva o que siga siendo un territorio autónomo de Estados Unidos como hasta ahora.
¿Por qué fue convocado? La consulta ciudadana fue creada en el contexto de la grave crisis económica que vive la isla. Paralelamente al plebiscito, los independentistas puertorriqueños -actualmente la oposición al gobierno que busca la anexión- marcharon en contra de la postura oficialista.
Aunque este plebiscito fue de carácter no vinculante, es decir sólo consultorio, la jornada estuvo marcado por la abstención. Se estima que sólo un 23% de los puertorriqueños con derecho a participar en el referéndum se volcaron a las urnas, es decir, sólo 518 mil de los 2,26 millones de electores ejercieron su derecho a voto.
Estados Unidos será el juez definitivo de la decisión del pueblo boricua. Esto se debe a la Cláusula Territorial detallada en el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos. Esta cláusula faculta al gobierno de los Estados Unidos el poder de legislar sobre todos sus territorios, lineamiento que fue definido a principios del Siglo XX.
El problema se presentó a la hora de definir cómo sería interpretada la Constitución en estos territorios, ¿Cómo se solucionó? A través de unos dictámenes conocidos como los Casos Insulares, el tribunal dictaminó que los territorios pertenecían pero no formaban parte de los Estados Unidos, como lo es el caso de Puerto Rico hasta ahora. No en vano, Puerto Rico es considerada como “la colonia más antigua del mundo”.
Aunque los puertorriqueños tienen nacionalidad estadounidense, ya que les fue concedida por la Ley Jones en 1917, Estados Unidos separó las ramas ejecutiva, judicial y legislativa del gobierno de Puerto Rico de lo que está estipulado en suelo americano, sin perjuicio de que se les concedieron todos los derechos civiles a sus ciudadanos.
A pesar de esto, el Congreso estadounidense tiene el poder de detener cualquier acción tomada por la legislatura en Puerto Rico.
La crisis comenzó a gestarse hace una década. A principios de los 80’ las grandes empresas norteamericanas se instalaban en la isla por las exenciones de impuestos. Todo empezó a cambiar cuando EE.UU. decidió abolir este beneficio que duró aproximadamente 20 años.
Con este pretexto el gobierno de Puerto Rico, liderado por Ricardo Rosselló, ha expresado que la única gran solución para esta crisis es la anexión definitiva a Estados Unidos como el estado número 51.
Rosselló y sus consejeros aseguran que de lograr anexarse al gigante del norte, el gobierno federal americano podría inyectar los recursos suficientes y necesarios para sacar de esta crisis económica a la isla, además de permitirles acogerse a la protección de las leyes de la bancarrota.
Esta no es la primera vez que Puerto Rico llama a un referéndum de estas características, ya que estas comisiones también tuvieron versiones en 1967, 1993, 1998 y 2012, con una crisis ya ad portas en esos tiempos.
¿Por qué fue convocado? La consulta ciudadana fue creada en el contexto de la grave crisis económica que vive la isla. Paralelamente al plebiscito, los independentistas puertorriqueños -actualmente la oposición al gobierno que busca la anexión- marcharon en contra de la postura oficialista.
Los opositores a la anexión macharon este domingo / FOTO AFP / Ricardo ARDUENGO.
PUNTOS CLAVE
Es importante aclarar que aunque la decisión sea alejarse del status quo actual, el dictamen final está en manos del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? A continuación revisaremos los puntos más importantes.Estados Unidos será el juez definitivo de la decisión del pueblo boricua. Esto se debe a la Cláusula Territorial detallada en el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos. Esta cláusula faculta al gobierno de los Estados Unidos el poder de legislar sobre todos sus territorios, lineamiento que fue definido a principios del Siglo XX.
El problema se presentó a la hora de definir cómo sería interpretada la Constitución en estos territorios, ¿Cómo se solucionó? A través de unos dictámenes conocidos como los Casos Insulares, el tribunal dictaminó que los territorios pertenecían pero no formaban parte de los Estados Unidos, como lo es el caso de Puerto Rico hasta ahora. No en vano, Puerto Rico es considerada como “la colonia más antigua del mundo”.
Las diversas opiniones de los puertorriqueños han llevado a un debate de carácter nacional. AFP FOTO / Ricardo ARDUENGO
Aunque los puertorriqueños tienen nacionalidad estadounidense, ya que les fue concedida por la Ley Jones en 1917, Estados Unidos separó las ramas ejecutiva, judicial y legislativa del gobierno de Puerto Rico de lo que está estipulado en suelo americano, sin perjuicio de que se les concedieron todos los derechos civiles a sus ciudadanos.
A pesar de esto, el Congreso estadounidense tiene el poder de detener cualquier acción tomada por la legislatura en Puerto Rico.
LA QUIEBRA
En mayo de este año, el gobierno de Puerto Rico se declaró en quiebra. Para reestructurar su millonaria deuda, la cual se estima que asciende a US$72.000 millones de dólares, el oficialismo tomó la medida de consultar al pueblo una solución.La crisis comenzó a gestarse hace una década. A principios de los 80’ las grandes empresas norteamericanas se instalaban en la isla por las exenciones de impuestos. Todo empezó a cambiar cuando EE.UU. decidió abolir este beneficio que duró aproximadamente 20 años.
Con este pretexto el gobierno de Puerto Rico, liderado por Ricardo Rosselló, ha expresado que la única gran solución para esta crisis es la anexión definitiva a Estados Unidos como el estado número 51.
Rosselló y sus consejeros aseguran que de lograr anexarse al gigante del norte, el gobierno federal americano podría inyectar los recursos suficientes y necesarios para sacar de esta crisis económica a la isla, además de permitirles acogerse a la protección de las leyes de la bancarrota.
Esta no es la primera vez que Puerto Rico llama a un referéndum de estas características, ya que estas comisiones también tuvieron versiones en 1967, 1993, 1998 y 2012, con una crisis ya ad portas en esos tiempos.
