La Fiscalía Regional de Coquimbo abrió una investigación de oficio por la filtración de los antecedentes del caso ProCultura que involucran a la expareja del Presidente Gabriel Boric y exdirectora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos.

El ente persecutor busca hacer efectiva “la responsabilidad penal que pudieran tener los presuntos responsables, independiente de su condición”, amparado en las facultades que le confiere el artículo 31 de la Ley Nº 19.913 sobre lavado de activos, que establece que toda filtración o “difusión de antecedentes de cualquier naturaleza” será sancionado penas de presidio menor.

“La Fiscalía Regional de Coquimbo hace presente que los avances de una investigación penal compleja como la referida a fraude al Fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, no pueden ser interferidos por intereses que no dicen relación con los aspectos técnicos de la causa y que en definitiva responden a otras contingencias”, informó en un comunicado de prensa.

Contrario a lo que han denunciado desde sectores de oposición, la causa no está abandonada, según precisó la fiscalía, sino que por el contrario, sigue avanzando bajo la orden del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, “con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”.

Agrega que el equipo de investigación está integrado por 3 fiscales adjuntos, 3 abogados asistentes y 2 analistas criminales, quienes están en “la gestión de las labores de investigación junto a la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones de Chile.”

Y mencionan además, que para llevar adelante su tarea en este caso, solicitaron a la Fiscalía Nacional “recursos adicionales para el desarrollo de las labores de investigación, los cuales fueron concedidos para la contratación de dos abogados y para cubrir diversas operaciones logísticas”.