En procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Rancagua condenó al ex director Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Andrés Silva Menares, a 818 días de presidio remitido por el delito reiterado de cohecho en el marco del Caso Caval.
En el fallo, el magistrado Mauricio Silva también sentenció a Silva Menares –el segundo condenado en el caso- a 3 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporales, pena que fue sustituida por el pago de una multa de $55.030.792, equivalente a 1.170 UTM .
Además, el magistrado lo condenó a la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, regulándose en ocho horas por cada tercio de unidad tributaria mensual.
El fallo establece que en los años 2013 y 2014, el entonces director de Obras de Machalí recibió de parte del entonces gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda pagos por un total de $55.030.792 para que influyera de manera indebida en el proceso de modificación del plano regulador intercomunal.
Las gestiones de Silva Menares consistieron en lograr la modificación del plan regulador intercomunal Rancagua- Machalí, con el objetivo de aumentar el límite urbano, incorporando dentro de él los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, vendidos en enero de 2015 por la familia Wiesner a la sociedad Caval en $6.500 millones. Posteriormente, Caval los vendió en $9.500 millones.
Para conseguir esta modificación del plan regulador, Silva Menares encargó a la ingeniera Luz María Loyola Torrealba y la geógrafa Gladys Morales Becerra la realización de un estudio de capacidad vial y de un estudio ambiental estratégico, a pesar de que ninguna tenía vínculo con la municipalidad.
En el fallo, el magistrado Luis Barría acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de O’Higgins y condenó Díaz Sepúlveda a pagar una multa de $116 millones por el delito reiterado de soborno, y 10 UTA -equivalentes a 120 UTM a la fecha-, por el delito de facilitación de facturas falsas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Rancagua rebajó la multa a $70 millones.
Asimismo, el tribunal aplicó a Díaz Sepúlveda las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
En el fallo, el magistrado Mauricio Silva también sentenció a Silva Menares –el segundo condenado en el caso- a 3 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporales, pena que fue sustituida por el pago de una multa de $55.030.792, equivalente a 1.170 UTM .
Además, el magistrado lo condenó a la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, regulándose en ocho horas por cada tercio de unidad tributaria mensual.
El fallo establece que en los años 2013 y 2014, el entonces director de Obras de Machalí recibió de parte del entonces gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda pagos por un total de $55.030.792 para que influyera de manera indebida en el proceso de modificación del plano regulador intercomunal.
Las gestiones de Silva Menares consistieron en lograr la modificación del plan regulador intercomunal Rancagua- Machalí, con el objetivo de aumentar el límite urbano, incorporando dentro de él los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, vendidos en enero de 2015 por la familia Wiesner a la sociedad Caval en $6.500 millones. Posteriormente, Caval los vendió en $9.500 millones.
Para conseguir esta modificación del plan regulador, Silva Menares encargó a la ingeniera Luz María Loyola Torrealba y la geógrafa Gladys Morales Becerra la realización de un estudio de capacidad vial y de un estudio ambiental estratégico, a pesar de que ninguna tenía vínculo con la municipalidad.
En el fallo, el magistrado Luis Barría acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de O’Higgins y condenó Díaz Sepúlveda a pagar una multa de $116 millones por el delito reiterado de soborno, y 10 UTA -equivalentes a 120 UTM a la fecha-, por el delito de facilitación de facturas falsas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Rancagua rebajó la multa a $70 millones.
Asimismo, el tribunal aplicó a Díaz Sepúlveda las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
