El Presidente Gabriel Boric, en representación del Estado y en una ceremonia en La Moneda, realizó este martes un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la lesbofobia que sufrió la docente Sandra Pavez, a quien en 2007 la iglesia católica le impidió para siempre realizar clases de religión por ser lesbiana.

El acto de reconocimiento es parte de la condena que en febrero del 2022 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile, tras una denuncia internacional interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ante la Comisión Interamericana de DDHH en representación de la docente.

“Reconozco la responsabilidad que le cabe al estado chileno por el trato discriminatorio que recibiste, Sandra, motivado por tu orientación sexual y que afectó tu dignidad como persona”, señaló el Mandatario dirigiéndose a la docente, quien asistió a la ceremonia junto a familiares y dirigentes del Movilh.

“A Sandra le ofrezco ante Chile disculpas públicas y el compromiso de seguir trabajando arduamente para erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género para que nunca más en Chile alguien tenga que vivir lo que tú y tu entorno vivieron”, añadió el jefe de Estado.

Agregó que “esto lo hago en cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia dictada por la corte para este caso, pero no sólo por eso, sino que lo hago con la profunda convicción personal y que asiste a todo mi gobierno, que promover y garantizar los derechos humanos es clave para la construcción de un futuro más tolerante, inclusivo, amable y en donde efectivamente quepamos todos y todas”.

Por su parte, Sandra Pavez sostuvo que “creo que se ha hecho justicia, en especial porque ya hay un precedente para que nunca más un docente puede pasar por lo mismo. Agradezco al Movilh, la organización que me apoyó todos estos años, y en especial a su dirigente Rolando Jiménez”.

En tanto, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, dijo que “hoy se hace, de una u otra manera, algo de justicia para la docente Pavez, quien vio vulnerados sus derechos humanos más básicos sin que ninguna autoridad del Estado le expresara alguna vez solidaridad y apoyo, dejándola abandonada y sin posibilidad de ejercer nunca más su profesión, pues en 2021 jubiló”.

Añadió que, “pese a este acto, lo cierto es que lamentablemente el Estado aún no cumple con aspectos claves de la sentencia, como la capacitación en temáticas LGBTIQA a todos los profesionales que evalúen docentes, así como la derogación o modificación total del Decreto 924 del Mineduc, una norma heredada de la dictadura que permitió prohibir a la docente Pavez ejercer como docente, una labor que antes del 2007 había desarrollado durante 22 años de manera intachable”

En su sentencia, la corte enfatizó que las libertades de educación y de religión en ningún caso pueden usarse para discriminar a las personas LGBTIQA+, y que tampoco el derecho de los padres y madres a escoger la educación para sus hijos puede dar paso a violaciones a los derechos humanos. Añadió que al prohibirse a Pavez ejercer su profesión, el Estado chileno vulneró sus derechos “a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo”.

Este caso es uno de los más emblemáticos en Chile para los derechos LGBTIQ+, no solo por la condena contra el Estado, sino porque en su afán de impedir a Pavez ejercer clases, todas las iglesias del país se unieron por primera vez en su historia contra sus derechos presentando escritos conjunto ante la Corte, los cuales fueron desestimados por el órgano internacional

ANTECEDENTES DEL CASO

El caso se remonta al 25 de julio del 2007, cuando por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el vicario para la Educación del arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

La iglesia tomó esta decisión luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 bajo la dictadura de Pinochet y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924.

En respuesta el Movilh denunció a Chile por lesbofobia ante la Comisión Interamericana de DDHH. Más de una década después, la CIDH acogió la denuncia del Movilh y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso donde la docente fue representada por el abogado pro bono, Ciro Colombara.

Finalmente, el 4 de febrero del 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por lesbofobia, exigiendo entre otros medidas, el acto de reparación efectuado hoy por el Presidente Boric.