El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes la ceremonia de promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad, que crea una nueva gobernanza en la materia, estableciendo nuevas normativas, como la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

En la ocasión, se hizo entrega de la Política Nacional de Ciberseguridad, que surge a partir del trabajo de un Comité Interministerial, con objetivos estratégicos para avanzar en los próximos años.

La nueva Ley Marco de Ciberseguridad crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que fijará normativas técnicas, fiscalizará y podrá aplicar multas de hasta 40 mil UTM, es decir, cerca de 2.600 millones.

Además, la Agencia dictará protocolos y estándares para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad o ciberataques.

En la promulgación, el Mandatario destacó que “desde el Gobierno, hemos asumido como prioritaria la tarea de fortalecer todas las herramientas del Estado para poder responder a los ingentes de seguridad (…) Y en esto hemos avanzado y vamos a seguir avanzando con un espíritu de unidad, junto al Congreso y a todas las instituciones y actores encargados de velar por la seguridad de nuestros compatriotas”.

POLITICA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

En la ceremonia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó al Presidente Boric, la Política Nacional de Ciberseguridad 2023 -2028, fruto del trabajo realizado por el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, que establece cinco objetivos estratégicos.

1. Infraestructura resiliente: el país contará con una infraestructura de la información robusta y resiliente, preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad, bajo una perspectiva de gestión de riesgos.

2. Derechos de las personas: El Estado resguardará y promoverá la protección de los derechos de las personas en Internet, a través del fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de ciberseguridad.

3. Cultura de ciberseguridad: Chile desarrollará una cultura de la ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas, responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales, y promoción y garantía de los derechos de las personas.

4. Coordinación nacional e internacional: Los organismos públicos y privados promoverán instancias de cooperación con el resto del sector público y de la industria, y con la futura autoridad nacional de ciberseguridad, con especial énfasis en la comunicación y difusión de los esfuerzos que se realicen en ciberseguridad.

5. Fomento a la industria y la investigación científica: El país promoverá el desarrollo de una industria de la ciberseguridad, que proteja a las personas y las organizaciones y que sirva a sus objetivos estratégicos.