A las 11:00 horas de este miércoles 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric leerá su primera cuenta pública desde el Salón de Honor del Congreso, en Valparaíso, donde realizará un balance de sus 80 días al mando del país.

El evento, que se prolongará por cerca de una hora y media, contará con un despliegue de 890 carabineros en Valparaíso , incluyendo personal de Control de Orden Público, Tránsito, GOPE, secciones drones y servicios especializados.

También se realizarán cortes de tránsito en el centro de la Ciudad Puerto entre las 7:00 y las 14:00 horas aproximadamente. El paso vehicular se suspenderá en el perímetro de avenida Uruguay, Pedro Montt, avenida Argentina y Victoria. En tanto, entre las calles San Ignacio, Chacabuco, Independencia y Prieto sólo se permitirá el ingreso a residentes.

Además, el Terminal de Buses de Valparaíso se encontrará cerrado, por lo que Carabineros llamó a quienes deben viajar ese día a consultar en las respectivas líneas de buses sobre los puntos de salida.

Seguridad pública y medidas para enfrentar la crisis económica asoman como los principales ejes del discurso del Jefe de Estado.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que Boric dará “cuenta al país de lo que se ha hecho en estos dos meses y medio de trabajo como Gobierno”, además de proyectar “los desafíos que tenemos hacia adelante, en los cuatro años de Gobierno que tenemos que enfrentar con mucha decisión y compromiso”.

La titular de la Segegob apuntó a que “las reformas que hemos comprometido al país, los cambios y las transformaciones son profundas, tenemos que hacerlo con harta legitimidad social y para eso la importancia de los diálogos con los distintos actores involucrados. Hablamos de justicia tributaria, de una reforma profunda en la salud, en materia de pensiones, de cuidados, medioambiental, de modelo de desarrollo, entre otras áreas”.

Es probable que el Presidente se refiera a la reciente aprobación en el Parlamento del Acuerdo de Escazú e incluso podría ratificarlo durante la misma jornada. Dicho tratado busca garantizar el derecho a la información, participación, y el acceso a la justicia en materia medioambiental para Latinoamérica y el Caribe.