Manaud manifestó a El Mercurio que “el caso no está cerrado aún. Hay una investigación en curso que afecta a la empresa Penta por la responsabilidad de la persona jurídica en relación con un delito de soborno a un funcionario del SII. En esta arista nos vamos a mantener activos y esperaremos que se dicte la acusación”.
Agregó que “hay un artículo del Código de Procedimiento Penal que permite la participación del querellante e incluso hacer su acusación particular distinta a la del Ministerio Público calificando y pidiendo una pena diferente, sobre la base de hechos contenidos en la formalización. No está previsto en el código hacer una reformalización en los términos que se hizo -con supresión de hechos y delitos- y que el querellante quede excluido. Es una interpretación torcida de la ley, porque no es una interpretación coherente de todas la normativas que regulan la intervención del querellante”.