La Presidenta Michelle Bachelet promulga en La Moneda la ley de Nueva Educación Pública, más conocida como de desmunicipalización de la educación, despachada por el Congreso el 3 de octubre pasado.
La iniciativa forma parte de la gran reforma emblemática del Gobierno, que incluye la gratuidad de la educación superior y la Ley de Inclusión, que puso fin al lucro, al copago y a la selección en los establecimientos de la enseñanza básica y media.
El sistema estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública; por los Servicios Locales de Educación Pública y por los establecimientos educacionales, con sus distintos niveles y modalidades educativas, los que hoy son administrados por las municipalidades y corporaciones municipales.
Además encarga al Ministerio de Educación, a propuesta de la Dirección de Educación Pública, oyendo a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, y previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, establecer la Estrategia Nacional de Educación Pública.
Esta tendrá por objeto mejorar la calidad de la educación provista por los establecimientos educacionales integrantes del sistema, propendiendo al pleno desarrollo de ésta; y tendrá una duración de ocho años, pudiendo modificarse luego de una evaluación a la mitad de dicho periodo o cuando por razones fundadas, debidamente calificadas, así se determine.
El proyecto contempla la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública, entendidos como organismos administrativos encargados de la provisión del servicio público educacional, los que ejercerán su competencia en unidades territoriales y serán, para todos los efectos, los sostenedores de los establecimientos educacionales de su dependencia.
La dirección y administración de cada uno de estos servicios estará a cargo de un director ejecutivo, quien será el jefe superior del servicio, nombrado por el Presidente de la República, mediante el proceso de selección de altos directivos públicos. Durará 6 años en su cargo.
Finalmente, se contempla una norma transitoria para que aquellos municipios que estén haciendo una buena gestión, que tengan buenos resultados de desempeño, -sin deudas con los profesores o previsionales o de remuneración- y que tengan un buen ranking, entre otras, puedan postergar el traspaso del servicio educacional.
La iniciativa forma parte de la gran reforma emblemática del Gobierno, que incluye la gratuidad de la educación superior y la Ley de Inclusión, que puso fin al lucro, al copago y a la selección en los establecimientos de la enseñanza básica y media.
El sistema estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública; por los Servicios Locales de Educación Pública y por los establecimientos educacionales, con sus distintos niveles y modalidades educativas, los que hoy son administrados por las municipalidades y corporaciones municipales.
Además encarga al Ministerio de Educación, a propuesta de la Dirección de Educación Pública, oyendo a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, y previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, establecer la Estrategia Nacional de Educación Pública.
Esta tendrá por objeto mejorar la calidad de la educación provista por los establecimientos educacionales integrantes del sistema, propendiendo al pleno desarrollo de ésta; y tendrá una duración de ocho años, pudiendo modificarse luego de una evaluación a la mitad de dicho periodo o cuando por razones fundadas, debidamente calificadas, así se determine.
El proyecto contempla la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública, entendidos como organismos administrativos encargados de la provisión del servicio público educacional, los que ejercerán su competencia en unidades territoriales y serán, para todos los efectos, los sostenedores de los establecimientos educacionales de su dependencia.
La dirección y administración de cada uno de estos servicios estará a cargo de un director ejecutivo, quien será el jefe superior del servicio, nombrado por el Presidente de la República, mediante el proceso de selección de altos directivos públicos. Durará 6 años en su cargo.
Finalmente, se contempla una norma transitoria para que aquellos municipios que estén haciendo una buena gestión, que tengan buenos resultados de desempeño, -sin deudas con los profesores o previsionales o de remuneración- y que tengan un buen ranking, entre otras, puedan postergar el traspaso del servicio educacional.
