Un recurso de reclamación presentó la ONG FIMA en representación de la agrupación ciudadana Alerta Isla Riesco ante el Tercer Tribunal Ambiental para evitar el uso de explosivos en la mina de carbón Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco. El hecho se enmarca en la decisión que tomó el Gobierno de Sebastián Piñera a través del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental de aprobar el uso de tronaduras en la minera, revirtiendo la decisión de la Comisión de Evaluación Regional de Magallanes que, en enero de este año, había rechazado el proyecto, luego de cuatro años y medio de que esta iniciativa se presentase por primera vez.
La aprobación del proyecto de tronaduras generó un profundo rechazo a nivel nacional, con reacciones de los vecinos de Isla Riesco, autoridades, ONG regionales y nacionales, y habitantes de las llamadas zonas de sacrificio, debido a que su objetivo es abaratar los costos de extracción del carbón que luego se quema en las termoeléctricas del norte del país, incrementando los riegos que la extracción y la quema de este combustible fósil generan.
A juicio de Alerta Isla Riesco, la aprobación de este proyecto “fue una contradicción absoluta, ya que mientras el Estado de Chile declara que el país dejará de usar el carbón como fuente energética, por otro lado permiten el uso de tronaduras en Isla Riesco para hacer viable económicamente la extracción de carbón”. Según la organización, el proyecto no evaluó de forma adecuada los impactos que el uso de explosivos generará en la zona, por lo que la iniciativa debió ser evaluada a través de un estudio de impacto ambiental, tal como lo pidió la Comisión Regional, y no ser aprobada solo con una declaración de impacto ambiental, que no estudia con profundidad y rigurosidad los impactos que los explosivos podrían generar en la fauna terrestre y marina, en el patrimonio paleobotánico y en la ganadería en la zona, entre otros.
Alerta Isla Riesco indicó que le parece una mala señal que “una empresa pueda fragmentar su proyecto para evaluar sus impactos de forma separada y a través de mecanismos menos rigurosos, ya que no le da ninguna garantía a la ciudadanía”. Esto en el contexto de que el puerto de la minera fue aprobado en 2009, Mina Invierno el 2011 y las tronaduras comenzaron su proceso de evaluación el año 2014.
Para el abogado Diego Lillo, patrocinante de la causa, “el caso del proyecto Tronaduras evidencia una serie de malas práctica de la empresa Mina Invierno la cual, en resumen, evaluó un proyecto minero que solo contemplaba extracción mecánica durante toda su vida útil, para darse cuenta que ese método era inútil para explotar el yacimiento a solo tres años de su puesta en marcha. Estamos frente a un proyecto que sencillamente fue mal estudiado desde su concepción o que derechamente ha pretendido engañar al sistema y a nuestros representados”.
El recurso fue presentado el jueves 8 de noviembre a través de la plataforma electrónica del Tercer Tribunal Ambiental y se espera que durante las dos primeras semanas se resuelva la admisibilidad del mismo.
La aprobación del proyecto de tronaduras generó un profundo rechazo a nivel nacional, con reacciones de los vecinos de Isla Riesco, autoridades, ONG regionales y nacionales, y habitantes de las llamadas zonas de sacrificio, debido a que su objetivo es abaratar los costos de extracción del carbón que luego se quema en las termoeléctricas del norte del país, incrementando los riegos que la extracción y la quema de este combustible fósil generan.
A juicio de Alerta Isla Riesco, la aprobación de este proyecto “fue una contradicción absoluta, ya que mientras el Estado de Chile declara que el país dejará de usar el carbón como fuente energética, por otro lado permiten el uso de tronaduras en Isla Riesco para hacer viable económicamente la extracción de carbón”. Según la organización, el proyecto no evaluó de forma adecuada los impactos que el uso de explosivos generará en la zona, por lo que la iniciativa debió ser evaluada a través de un estudio de impacto ambiental, tal como lo pidió la Comisión Regional, y no ser aprobada solo con una declaración de impacto ambiental, que no estudia con profundidad y rigurosidad los impactos que los explosivos podrían generar en la fauna terrestre y marina, en el patrimonio paleobotánico y en la ganadería en la zona, entre otros.
Alerta Isla Riesco indicó que le parece una mala señal que “una empresa pueda fragmentar su proyecto para evaluar sus impactos de forma separada y a través de mecanismos menos rigurosos, ya que no le da ninguna garantía a la ciudadanía”. Esto en el contexto de que el puerto de la minera fue aprobado en 2009, Mina Invierno el 2011 y las tronaduras comenzaron su proceso de evaluación el año 2014.
Para el abogado Diego Lillo, patrocinante de la causa, “el caso del proyecto Tronaduras evidencia una serie de malas práctica de la empresa Mina Invierno la cual, en resumen, evaluó un proyecto minero que solo contemplaba extracción mecánica durante toda su vida útil, para darse cuenta que ese método era inútil para explotar el yacimiento a solo tres años de su puesta en marcha. Estamos frente a un proyecto que sencillamente fue mal estudiado desde su concepción o que derechamente ha pretendido engañar al sistema y a nuestros representados”.
El recurso fue presentado el jueves 8 de noviembre a través de la plataforma electrónica del Tercer Tribunal Ambiental y se espera que durante las dos primeras semanas se resuelva la admisibilidad del mismo.
