El segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, acogió este miércoles a trámite la segunda demanda por prácticas antisindicales contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, interpuesta por la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip).
Según explicaron los recurrentes, la presentación se fundamenta en el incumplimiento de un acuerdo que la máxima autoridad del organismo auxiliar de la justicia suscribió el año pasado y la continuidad de acciones hostiles hacia los miembros de la organización.
“Es necesario que la Contraloría General de la República tenga potestades fiscalizadoras sobre el Ministerio Público, la autonomía debe ser para la persecución penal, no para tener márgenes de arbitrariedad en la aplicación de despidos, sanciones administrativas o no responder ante la Contraloría General por reclamos ante la resolución de concursos públicos, sumarios o temas financieros. De hecho, últimamente hemos detectado anomalías en el cálculo de remuneraciones”, señaló la presidenta de a Fenamip, Paulina Ruiz.
Según la dirigente, el no contar con un control externo para la Fiscalía Nacional, ha generado el clima propicio para que sean los sindicatos los que deban adoptar un rol fiscalizador y recurrir a tribunales en la defensa de los derechos de sus trabajadores, como también para resguardar la integridad de su organización.
Los funcionarios del Ministerio Público han denunciado permanentemente la indefensión laboral que aqueja a los trabajadores de la institución por no contar con un mecanismo de control externo en el ámbito laboral y financiero.
Según explicaron los recurrentes, la presentación se fundamenta en el incumplimiento de un acuerdo que la máxima autoridad del organismo auxiliar de la justicia suscribió el año pasado y la continuidad de acciones hostiles hacia los miembros de la organización.
“Es necesario que la Contraloría General de la República tenga potestades fiscalizadoras sobre el Ministerio Público, la autonomía debe ser para la persecución penal, no para tener márgenes de arbitrariedad en la aplicación de despidos, sanciones administrativas o no responder ante la Contraloría General por reclamos ante la resolución de concursos públicos, sumarios o temas financieros. De hecho, últimamente hemos detectado anomalías en el cálculo de remuneraciones”, señaló la presidenta de a Fenamip, Paulina Ruiz.
Según la dirigente, el no contar con un control externo para la Fiscalía Nacional, ha generado el clima propicio para que sean los sindicatos los que deban adoptar un rol fiscalizador y recurrir a tribunales en la defensa de los derechos de sus trabajadores, como también para resguardar la integridad de su organización.
Los funcionarios del Ministerio Público han denunciado permanentemente la indefensión laboral que aqueja a los trabajadores de la institución por no contar con un mecanismo de control externo en el ámbito laboral y financiero.
