El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, canceló la sesión tras la negativa de un grupo de seguidores del chavismo a abandonar el recinto, como lo había ordenado la directiva del parlamento tras reiterados llamados infructuosos al orden interno.

El parlamento venezolano, controlado por la oposición, suspendió este jueves la primera discusión de una ley para restituir empresas y tierras expropiadas por el gobierno chavista -rechazada por el oficialismo-, debido a desórdenes del público en las intervenciones de los legisladores.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, canceló la sesión tras la negativa de un grupo de seguidores del chavismo a abandonar el recinto, como lo había ordenado la directiva del parlamento tras reiterados llamados infructuosos al orden interno.

Durante la accidentada sesión se tenía previsto discutir el proyecto de “Ley de Activación y Fortalecimiento de Producción Nacional”, presentado por la oposición para el fomento de la industria local que, según afirma, ha sido destruida por la política económica del chavismo.

Con la intervención de Julio Borges, jefe de la bancada opositora, que abrió el debate, se produjeron cánticos, gritos y abucheos de parte del público que apoyaba al chavismo, contestadas por seguidores de la oposición.

Los chavistas, que según Borges eran dirigido por el diputado oficialista Francisco Torrealba, se negaron a retirarse, mientras cantaban el Himno Nacional de Venezuela y gritaban consignas contra la “burguesía” y la oposición: “La patria no se vende, la patria se defiende”.

Tras varios minutos de espera, Ramos Allup anunció la suspensión de la sesión y la convocó para el martes. Las próximas sesiones “serán sin barras y con transmisión de los medios de comunicación”, agregó.

Por su parte, el diputado Torrealba declaró a los periodistas -tras pedir a los seguidores guardar silencio- que “el sabotaje” fue propiciado por “infiltrados de la derecha”.

El proyecto de Ley de Producción Nacional genera una fuerte polémica en el país. Borges afirmó que esa iniciativa “va a poner a producir más de 6.000 empresas que han sido expropiadas”.

“Las empresas estratégicas del Estado como Petróleos de Venezuela no son privatizables”, manifestó Borges, en respuesta a las acusaciones del oficialismo de que la ley impulsa las privatizaciones.