La liberación del expresidente peruano, Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel, tiene expectante a Perú. Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su libertad inmediata en restitución del indulto recibido en 2017.

Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado, este martes el TC emitió un auto que “ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori“.

Ante ello, los partidarios de Fujimori esperaban con gran entusiasmo la salida del exmandatario (1990-2000) en la puerta del penal de Barbadillo. En tanto, los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que el exgobernante fue sentenciado, protestaron por el fallo del TC en los exteriores del Palacio de Justicia.

La resolución fue firmada por tres de los actuales seis miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”.

El viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.

En tanto, el presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, firmó que las autoridades debían “proceder a la excarcelación inmediata” de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.

“Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia”, dijo Morales al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.

Dicho indulto fue otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, donde fue anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA TRES MAGISTRADOS

La legisladora izquierdista Ruth Luque indicó, en X, que los magistrados del TC que firmaron la liberación de Fujimori (Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez) fueron designados en esos cargos por la mayoría fujimorista en el Congreso y que ahora “les devuelven el favor ordenando la libertad de Alberto Fujimori”.

“Han decidido desacatar abiertamente las resoluciones emitidas por la CorteIDH e ignorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Está es una decisión ilegal que consolida el pacto de impunidad”, expresó Luque.

“Anuncio que voy a presentar una denuncia constitucional contra los tres magistrados que han emitido esta decisión, por delito de prevaricato y por infracciones constitucionales. Es una decisión que se aleja de las recomendaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, comunicó la congresista.