. Samuel Fernández Illanes, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.

Meses de confrontaciones políticas han desembocado en una crisis institucional mayor, con evidentes raíces políticas, y sumiendo al país en una situación incierta y grave, donde se pone en juego su estabilidad gubernativa. El Parlamento, de mayoría Fujimorista, aliado a otras fuerzas, ha persistido en oponerse a variadas iniciativas del presidente Martín Vizcarra, operando como detonantes, la propuesta de adelantamiento de las elecciones del Congreso y la postergación del nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional.

El mandatario las ha interpretado como una nueva “denegación fáctica” de falta de confianza. Según los artículos 134 y siguientes de la Constitución peruana, estos contemplan que si el Parlamento ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, el presidente puede operar la disolución del Congreso de la República, convocando a elecciones parlamentarias en el plazo de cuatro meses. Entonces, entra en funciones una Comisión Permanente como ente supervisor, y gobierna mediante Decretos.

La anterior negación de confianza, según el Ejecutivo, operó en tiempos del expresidente renunciado Pedro Pablo Kuczynski. Ahora sería la segunda, cumpliéndose el precepto constitucional. Una situación legal sujeta a interpretaciones. Y además, con elementos de hecho que la hacen todavía más difíciles. Desde el momento en que casi de manera simultánea el presidente Vizcarra leía y comunicaba la disolución del Congreso invocando las disposiciones antedichas, el propio Parlamento aprobaba la incapacidad moral del mandatario, y nombraba y juramentaba a la otra vice presidenta, Mercedes Aráoz, que asumió el cargo.

No solo es cuestión de determinar el momento en que ambas situaciones se produjeron, sino que de manera prioritaria, y mucho más importante, cuál de ellas está ajustada a derecho, y por lo tanto es legítima legalmente. Tampoco hay, por ahora, total claridad en este punto. Posiblemente sería materia que debería pronunciarse el Tribunal Constitucional, justamente el cuestionado en su origen por Vizcarra, por lo que es de presumir que no acudirá a su decisión. Otro tanto podría ser analizado por los Tribunales Superiores de Justicia, solo en la medida en que les competa. Ambas posibilidades darían lugar a mayores y más largas discusiones jurídicas.

Entonces, el problema se centra en las diferencias políticas no superadas, por ahora, más que en la legalidad o ilegalidad institucional, ya que ambas cuentan con argumentos que invocan a favor, o en contra de la posición contraria. Todavía no se percibe ni es posible anticipar alguna instancia que permita un diálogo para superar lo ocurrido. Las posturas corren el riesgo de hacerse más extremas.

Las Fuerzas Armadas y de Policía han reiterado su fidelidad y apoyo a Vizcarra, e impedido a su requerimiento constitucional, el acceso a los parlamentarios, con la excepción de quienes integren la Comisión Permanente o ente supervisor, según las normas vigentes.

Definitivamente una crisis que en cierto modo se anticipaba, ya que el parlamento y el movimiento Fujimorista que lo domina por ahora -no obstante sus líderes, Alberto Fujimori y su hija y candidata Kaiko, están en prisión acusados de corrupción y otros delitos- jamás accederá voluntariamente a efectuar nuevas elecciones, donde arriesga la mayoría que detenta por ahora. La pugna subsiste y las acusaciones mutuas de golpe de estado, o de apartarse de la institucionalidad, se multiplicarán según el bando que lo invoque.

Esperemos que se logre a la brevedad un regreso a la normalidad constitucional que permita la gobernabilidad necesaria, por lo menos en este periodo de transición, y que sea verdaderamente el electorado quien decida el futuro político de un país tan importante que es vecino nuestro.

•Samuel Fernández Illanes, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.