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Pensiones de gracia: Fiscalía abrirá investigación tras denuncia de RN ante el CDE

La Tercera informó que las diligencias de la Fiscalía buscarán, en principio, evaluar en detalle el informe del organismo fiscalizador, pese a que aún no se han detectado situaciones constitutivas de delito en este caso. Desde el Ministerio Público fueron enfáticos en señalar que, de encontrar antecedentes que vayan en ese sentido, no dudarán perseguir a los responsables.

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El Ministerio Público abrirá una investigación para detectar posibles delitos cometidos en la entrega de pensiones de gracia a personas con condenas y/o antecedentes penales.

Esto tras una denuncia realizada por Renovación Nacional. La colectividad presentó una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por posibles delitos de fraude al fisco y prevaricación tras un informe de la Contraloría que dio cuenta que 58 individuos recibieron este beneficio pese a tener antecedentes criminales. 

La Tercera informó que las diligencias de la Fiscalía buscarán, en principio, evaluar en detalle el informe del organismo fiscalizador, pese a que aún no se han detectado situaciones constitutivas de delito en este caso. 

Sin embargo, desde el Ministerio Público fueron enfáticos en señalar que, de encontrar antecedentes que vayan en ese sentido, no dudarán perseguir a los responsables. 

El informe de Contraloría también reveló que una decena de personas no habrían presentado informes médicos que respalden su categorización de víctima de derechos humanos para recibir el beneficio.

DIPUTADOS DE RN

Los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper solicitaron en el CDE “todos los antecedentes necesarios a fin de evaluar el ejercicio de acciones penales en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos de fraude, prevaricación administrativa u otros que en la especie afectaren el patrimonio fiscal y la integridad de la función pública”.

Asimismo, en el texto presentado, los parlamentarios de oposición exigieron al Presidente Boric “dejar sin efecto los decretos que otorgaron las pensiones cuestionadas, deduciendo las acciones civiles necesarias para recuperar los recursos fiscales indebidamente percibidos”.

Para los legisladores, lo revelado tras el informe de Contraloría es similar al caso “falsos exonerados”,en 2008, y que tras una auditoría del ente fiscalizador se descubrió que muchos de los beneficiarios no reunían los requisitos legales.

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