La Comisión de Trabajo del Senado terminó la tramitación del proyecto con el que el Gobierno propone sustituir el Pilar Solidario por la Pensión Garantizada Universal.

La mesa dio luz verde a todas las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y envió el documento a la Comisión de Hacienda, desde donde se espera que se despache a la Sala esta misma semana.

Con la PGU, el Gobierno busca aumentar de $176 mil a $185 mil la actual Pensión Básica Solidaria y ampliar el beneficio al 90% del Registro Social de Hogares para las personas mayores de 65 años, con pagos decrecientes entre el 80% y el 90% del rango.

Si se promulga en enero, se espera que los primeros pagos los reciban en febrero quienes están en el Pilar Solidario, recibiendo la diferencia para alcanzar los $185. En tanto, quienes no están en dicho tramo o los jubilados nuevos gozarían del beneficio a contar de seis meses.

La presidenta de la comisión, senadora Carolina Goic (DC), anunció que “hemos despachado de la Comisión de Trabajo el proyecto que crea la PGU, lo hemos hecho ampliando la cobertura, sobre todo en el caso de las pensiones de invalidez, donde pasamos del 60 al 80%, contemplando un beneficio que no estaba originalmente, que es el caso que se pueda aumentar el subsidio para niños con discapacidad sever”.

“Hubo un trabajo dialogante, ya que la pelea no es entre Gobierno y oposición, sino en cómo hacemos de esto un beneficio”, destacó la legisladora de la Democracia Cristiana.

Además, Goic detalló que “hemos simplificado el acceso al beneficio y cautelado que no se utilice el Fondo de Reserva de Pensiones como financiamiento y que el IPS cuente con más recursos, porque es la institución que va a estar a cargo de pagar buena parte de las pensiones inicialmente”.

Sin embargo, la parlamentaria reiteró la crítica desde la oposición por la exclusión de quienes reciben una pensión de reparación entre los beneficiados: “No son pensiones autogeneradas, sino que es una reparación por circunstancias demasiado dolorosas para las personas y que no debería justificar una exclusión del beneficio de la PGU”.

En la misma línea, su par Juan Pablo Letelier (PS) cuestionó que el Gobierno “mantiene un negacionismo que preocupa y, a algunos de nosotros, nos incomoda, por no decir violenta, respecto a la realidad de las personas que fueron víctimas de la represión durante la dictadura, en particular los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, a quienes excluyen del derecho de acceder en igualdad de condiciones a lo que es esta PGU”.

De todas formas, Letelier afirmó que la aprobación “es un paso en la dirección correcta, es muy positivo y va a permitir que en febrero se pague a la gente que tiene el Pilar Solidario y en agosto a la gente que va a poder incorporarse a este beneficio. Es algo que ayuda a 2,5 millones de personas”. Además, manifestó que en el trámite en la comisión de Trabajo “hemos logrado mejorar el proyecto”.

Finalmente, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseveró que “es un avance muy relevante que nos acerca concretamente a la posibilidad de que esto sea promulgado en enero y se empiece a pagar en febrero. Solo resta que lo vea ahora la comisión de Hacienda y podamos, entonces, en sesiones del lunes y el miércoles de la próxima semana en el Senado y la Cámara de Diputados la votación en general”.