En el marco de la conmemoración de los 10 años de la tragedia aérea, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se sumó a la exigencia por justicia que realizaron las familias de las 13 víctimas del accidente ocurrido el 27 de febrero de 2008, cuando una avioneta Cessna 210 se desplomó sobre un grupo de mujeres que asistían a una clase de gimnasia en el estadio municipal de la comuna. “Cuando la justicia tarda mucho tiempo, finalmente no se hace justicia y por eso es importante que estas familias, que tuvieron una pérdida inmensa, reciban al menos una reparación parcial que les permita seguir adelante”, sostuvo la alcaldesa. Los familiares de víctimas, heridos y algunos de los que estuvieron presentes el día del accidente asistieron el martes a la misa conmemorativa que tradicionalmente organiza el municipio, para luego realizar una romería al memorial del accidente, construido en el sitio mismo donde cayó el aparato. El proceso judicial, hoy en manos de la justicia civil –donde se analizan diversas demandas contra el Estado por daños y perjuicios- completa ya más de tres años en carácter de acumulada, luego de que las instancias de aeronáutica civil y penal concluyeran. El último antecedente jurídico lo representa el caso de una Isapre que demandó al Estado, proceso abierto por el exceso de costos médicos que le demandó la atención de una de sus afiliadas, quien sobrevivió al accidente, pero con graves secuelas. Tras depositar una ofrenda floral en el monolito recordatorio, la alcaldesa Leitao expresó que “las familias tienen todo el derecho a exigir justicia. Lamentamos que hayan pasado 10 años y entendiendo que las familias no van a poder recuperar a sus familiares fallecidos, sí creemos que tienen derecho a recibir una reparación porque esto no fue una casualidad sino un error”. En tanto, Francisco Miranda, padre de Israel, uno de los cuatro estudiantes de mecánica aeronáutica que viajaban en el avión, comentó su decepción ante el actuar del poder judicial. Mirando sostuvo que “la justicia para algunos casos es rápida, si nosotros hubiéramos sido ricos la justicia hubiera sido rápida. Como se trata de una institución como Carabineros, a nosotros nos han tramitado mucho”. “Necesitamos cerrar este ciclo, tenemos múltiples problemas. Hay familiares que no han recibido ayuda sicológica, hemos tenido que apelar al municipio, pero sin recibir ayuda de nadie más”, demandó Miranda refiriéndose a las instituciones del Estado.