El Segundo Tribunal Oral Penal de Santiago condenó al pastor evangélico Juan Esteban Tabilo González a la pena única de 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de los delitos reiterados de estupro, abuso sexual y violación, cometidos entre 2005 y 2014, en la comuna de Huechuraba.
La sentencia unánime de los jueces Raúl Díaz Manosalva, Anaclaudia Gatica Collinet y Marianne Barrios Socías, quienes dieron por acreditado, “más allá de toda duda razonable”, que “aprovechándose de la relación de dependencia que tenía con la afectada, procedió a accederla carnalmente por vía vaginal, conducta que realizó en reiteradas oportunidades”.
Los hechos sucedieron entre enero de 2005 y enero de 2008, periodo en que la víctima tenía entre 15 y 18 años de edad, en la comuna de Huechuraba y diversos lugares.
En tanto, entre septiembre de 2013 y hasta principios de 2014, “en el domicilio ubicado en Las Moras (…), comuna de Huechuraba, Juan Esteban Tabilo González, en varias oportunidades, procedió a realizar actos de relevancia y connotación sexual en otra niña (…), accediéndola también en diversas oportunidades carnalmente por vía bucal”.
A la condena establecida por los magistrados, se aplicarán las medidas accesorias legales el dirigente de la iglesia Corporación Evangélica de Vitacura, como inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
También se le impondrá la interdicción del derecho a ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
