El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Daniel Verdessi, anunció que si el Gobierno no invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado frente al paro de camioneros en un plazo de 24 horas, se iniciará una acusación constitucional al ministro del Interior, Víctor Pérez.

“Estamos unidos y hemos hablado con otras bancadas para considerar esta acción que pueda concluir en una acusación constitucional”, remarcó el parlamentario.

El diputado Gabriel Silber reforzó el plazo de 24 horas “para solucionar el tema del orden público en términos de pandemia”. “Es un quebrantamiento de las leyes y de la Constitución el tener actos que pongan en riesgo el abastecimiento del país, que hayan provocado la muerte de un camionero a manos de otro camionero”, planteó.

“El diputado Gabriel Ascencio junto con Matías Walker van a iniciar los estudios para mañana anunciar y concretizar esta acusación en contra del ministro por, obviamente, quebrantar y dejar de aplicar la ley y garantizar el orden público”, añadió Silber.

A su vez, el propio Walker comentó que “el único que puede invocar la Ley de Seguridad del Estado es el ministro del Interior. Nosotros le exigimos al ministro del Interior que ejerza esa facultad, lo mismo respecto de la Ley Antibarricadas”.

EL PPD SE SUMA AL ULTIMÁTUM

La bancada del Partido por la Democracia (PPD) también se sumó al ultimátum de 24 horas al Gobierno y al ministro del Interior, Víctor Pérez.

“La ley no se puede aplicar de manera discrecional según la afinidad política o amiguismo que ciertos grupos de la sociedad tengan con este Gobierno. Si el ministro persiste con esa permisividad, con esa negligencia, efectivamente no descartamos a partir de mañana ninguna acción fiscalizadora. Estamos hablando de una eventual comisión investigadora, una sesión especial e incluso ver la viabilidad jurídica y política de una acusación constitucional”, aseguró Raúl Soto, jefe de bancada del PPD.

Asimismo, el diputado del PPD y representante de La Araucanía, Ricardo Celis, señaló que “los camioneros tienen todo el derecho a movilizarse y manifestarse, particularmente en mi región y la del Biobío. Ellos viven una situación crítica, compleja, y no reconocerlo sería tapar el sol con un dedo. Para lo que no tienen derecho y no están autorizados es provocar desabastecimiento y ahí el ministro del Interior tiene un rol central”.

“Si hay interrupción de la ruta, barricadas, impedimentos para que las personas circulen libremente, debe aplicarse la legislación establecida, por cierto la Ley de Seguridad Interior del Estado. Si el ministro Víctor Pérez no lo hace, como oposición le hemos advertido que tenemos la disposición de avanzar en una acusación constitucional”, recalcó.

La subjefa de la bancada del PPD, Loreto Carvajal, indicó que solicitará “a la Sala que se convoque a una sesión especial para que se dé cuenta de parte del Ministerio del Interior cuál ha sido la estrategia que hay detrás, y que ha permitido que en Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, con toque de queda debido a la pandemia, llevemos seis días de paralización y no haya ninguna acción concreta que impida que esto ocurra”.